Los informes finales coparon la sexta sesión del juicio con jurado que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Cádiz por el caso de las tarjetas black, un procedimiento penal que pretende esclarecer el supuesto desvío de caudales públicos por parte del que fue vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (VIDI) de la Universidad de Cádiz entre 2007 y 2011, el catedrático Francisco Antonio Macías Domínguez.

Tanto la Fiscalía como la Universidad de Cádiz, que ejerce la acusación particular en este procedimiento, retiraron algunas de las imputaciones de gastos que, en un principio, consideraban que Macías había cargado a los fondos de la UCA de manera irregular. Las acusaciones eliminaron varios pagos sospechosos en sus conclusiones finales porque estimaron que durante la celebración de la vista oral no se había podido demostrar su ilegalidad. "Hay testigos que no recordaron, pero tampoco negaron, cenas o almuerzos con el acusado. Por eso, se ha optado por suprimir esas imputaciones en las que había un mínimo de duda, si bien los delitos por los que se procesa al catedrático, malversación de caudales públicos y falsificación en documento oficial, se mantienen", explicaron tanto el fiscal del caso como la abogada de la UCA. 

Precisamente, fue la letrada de la Universidad la que concretó que se habían retirado cuatro imputaciones de gasto en virtud al testimonio poco consistente ofrecido por algunos testigos (uno de los cuales ni siquiera prestó declaración por estar fuera de España). De ahí que la reclamación inicial de responsabilidad civil solicitada al procesado, 36.727,50 euros, se haya visto rebajada "en unos 2.000 o 3.000 euros", una cantidad "insignificante", subrayó la letrada de la UCA, que recordó que, frente a esos cuatro testigos, otros 29 negaron categóricamente su participación en comidas con Macías en numerosos restaurantes de la provincia de Cádiz. 

La defensa del catedrático, por su parte, manifestó que la gestión llevada a cabo por Macías Domínguez de los fondos públicos de la UCA fue correcta y planteó, como ya hiciera al comienzo de la vista oral, la absolución del encausado. 

Un catedrático "brillante" detrás de "un plan"

"El acusado es un catedrático brillante y experimentado, pues, tal y como él mismo declaró, lleva más de 40 años vinculado a la UCA", aseveró el fiscal en su intervención final. "Es un hombre de reconocida inteligencia y valía, por eso consideramos que miente cuando dice que hay multitud de imputaciones falsas y erróneas en los gastos que facturó. Hasta la Policía recalcó que tanto errores no podían ser fruto de la casualidad", esgrimió el fiscal.

"En estos días han visto ustedes una película", explicó a los miembros del jurado el Ministerio Fiscal. "Los funcionarios no trabajan en restaurantes, bares o cafeterías. En esos sitios se come, no se trabaja. Si el acusado tenía que realizar alguna tarea en fin de semana o festivo, podía hacerlo en su despacho o desde su casa. La disponibilidad no tiene nada que ver con comer en restaurantes, tiene que ver con estar localizado en cualquier momento".

Asimismo, la Fiscalía afirmó que, en este caso, "la misma persona que disponía de los fondos los controlaba, es decir, el mismo que gastaba ejercía teóricamente el control; pero aquí nadie controlaba". Según la acusación pública, Macías urdió "un plan determinado" para esquivar la fiscalización de la UCA, sufragó numerosos gastos de almuerzos y cenas que facturó como reuniones de trabajo con otros altos cargos "en ocasiones inexistentes" y lo hizo, sobre todo, en fines de semana. "Se extralimitó en su plan, el asunto salió en prensa y, al final, tras la realización de una exhaustiva auditoría, el tema acabó en los tribunales". 

En la misma línea acusatoria, la abogada de la UCA subrayó que Macías "supo aprovechar" su dilatada experiencia en el mundo universitario para dar credibilidad a unas justificaciones de gasto que rellenó varias veces "con nombres dados al voleo". "No fue un error ni un fallo de memoria por su parte ni por parte de su secretaria". La letrada precisó que el catedrático tenía dos despachos, uno en el Vicerrectorado de Cádiz y otro en la Facultad de Puerto Real, "y pese a ello mantuvo reuniones en establecimientos hosteleros". "No negamos su implicación laboral docente e investigadora, pero eso no justifica los hechos cometidos. La productividad se mide en los despachos, no en restaurantes los viernes, sábados y domingo", concluyó la acusación particular.

Por último, la defensa del catedrático aseveró que todos los movimientos que realizó el acusado entre 2007 y 2011 pasaron los controles de la Gerencia de la UCA así como de las auditorías internas y externas desarrolladas en ese periodo. Tampoco hubo ninguna advertencia de irregularidad por parte de la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía ni del Tribunal de Cuentas del Estado, insistió. 

El abogado del ex vicerrector mostró sus sospechosas sobre la posible manipulación de la agenda del procesado, a la que, según dijo, se accedió de manera parcial a la hora de cotejar los datos de imputaciones de gasto. Al respecto, tanto la Fiscalía como la acusación particular indicaron que era imposible destruir la agenda del encausado porque figuraba en las actas públicas del Consejo de Gobierno de la UCA, actas que el letrado de la defensa recordó que no se habían aportado a la causa.

Sobre los cerca de 16.000 euros cargados al Vicerrectorado de Investigación por el procesado para adquirir una máquina expendedora de comida, bombones, caramelos y regalos, el abogado de Macías refirió que no existían facturas adjuntadas al procedimiento sobre esos desembolsos. Sin embargo, apostilló, sí aparecían en la prueba documental todos los movimientos bancarios personales de Francisco Antonio Macías desde 2007 hasta 2021, en los que se evidenciaba que en todo ese tiempo no hubo aumento en su patrimonio.