El Ayuntamiento de Cádiz limita el uso de hospedaje a una decena de fincas de la ciudad

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha dado luz verde este jueves último de mayo a la segunda de las modificaciones del PGOU que ha planteado el equipo de gobierno y que va dirigida a limitar la expansión de las diferentes modalidades de hospedaje para reforzar así el uso residencial y el acceso a la vivienda. En concreto, este cambio del ordenamiento urbano permitirá ampliar los límites que ya se pusieron en el año 2022 al uso turístico del parque residencial, impidiendo el hospedaje en cualquier finca de la ciudad salvo aquellas catalogadas con grado 0 de protección.

Esta ampliación de los límites saca de la compatibilidad del uso hospedaje a las fincas grado 1, así como a las zonas urbanísticas del Ensanche y de Ciudad Jardín, y también a las plantas baja, primera y segunda de extramuros. En todos esos supuestos se podía hasta ahora habilitar apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico u otras modalidades de hospedaje que con el cambio de PGOU aprobado de forma inicial este jueves quedarán excluidos también.

Más allá de lo que conseguirá la modificación del PGOU, el paso dado por el Pleno municipal cobra especial interés por la suspensión que en los próximos días entrará en vigor para la tramitación de cualquier licencia para la actividad de hospedaje en suelo calificado como residencial, excepto los edificios catalogados con grado 0, que sí obtendrán las autorizaciones pertinentes para desarrollar esos proyectos de alojamientos temporales. En este caso, ha precisado el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, que son 27 las fincas en Cádiz catalogadas con ese grado 0, “de las que buena parte de ellas ya son edificios administrativos o de uso hotelero”, lo que reduce la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de hospedaje a una decena de fincas.

Esta suspensión de licencias, que tendrá validez al día siguiente de que sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (lo que ocurrirá en cuestión de días), afectará a todo el término municipal y tendrá validez durante los próximos tres años, salvo que antes de ese período entre en vigor la modificación del PGOU que inicia ahora su tramitación administrativa.

La decisión de paralizar la emisión de autorizaciones solo afectará de lleno a un proyecto que había solicitado licencia y que estaba actualmente en tramitación. Según el informe técnico municipal, estos solicitantes de licencia que se vean afectados “tendrán derecho a ser indemnizados por el coste de los proyectos y a la devolución de los tributos municipales satisfechos”, aunque también se precisa que en esa compensación “no se contempla un presunto lucro cesante”.

El proyecto afectado es uno en la zona de extramuros, en la avenida Periodista Beatriz Cienfuegos, donde un local de planta baja se iba a habilitar como apartamentos turísticos de dos llaves. Entienden los técnicos que este proyecto debe ser suspendiendo, pudiendo el afectado solicitar “indemnización por los costes de los proyectos presentados” y “la devolución de los impuestos y tasas” ya satisfechos. Y en concreto determina el Ayuntamiento que habrá que devolver el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (por 2.000,20 euros) y la tasa de licencia urbanística (por 1.000,10 euros), así como la redacción del proyecto básico ya realizado (para lo que estiman un precio de 2.480,24 euros). En definitiva, que el Ayuntamiento tendrá que abonar 5.480,54 euros por esos apartamentos turísticos que van a quedar suspendidos.

Este último dato lleva también a pensar en la incidencia económica que puede tener para el Ayuntamiento la suspensión de licencias de este tipo de proyectos de hoteles, apartamentos turísticos y otras modalidades de hospedaje. Para ello, el informe técnico analiza las licencias de este tipo concedidas en los últimos años, que apenas suman 18 expedientes entre 2022 y la actualidad.

Los ingresos obtenidos por esos 18 expedientes son de 389.683,14 euros (a razón de 238.765,23 euro por el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; 119.382,62 euros por la tasa por la licencia urbanística; y 31.535,29 euros de la tasa por licencia de apertura). Es decir, una media de 114.053,60 euros anuales, lo que viene a concluir que se tratan de unas cifras que tienen “una incidencia directa muy poco significativa sobre la sostenibilidad de la hacienda local”, representando apenas el 0,0602% de los recursos ordinarios contemplados en el presupuesto de 2025.