El Ayuntamiento de Cádiz solo convertirá en viviendas 3 de las 11 parcelas posibles

Una de las primeras medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Cádiz tras acogerse al decreto ley andaluz de medidas extraordinarias y urgentes en materia de vivienda ha sido iniciar la tramitación para convertir tres espacios hasta ahora dotacionales en suelo con uso residencial, logrando así construir 85 viviendas. Así lo hizo en el pleno del pasado 18 de diciembre y así se está tramitando.

Tres son los espacios señalados por el Ayuntamiento: el suelo anexo a la parroquia de San Vicente de Paúl, que en su día logró el gobierno de Teófila Martínez para convertirlo en una residencia de mayores que nunca se construyó; la parcela situada delante del albergue de Puntales; y una finca de la plaza de la Merced.

No obstante, el Ayuntamiento disponía de un abanico de hasta 11 parcelas y equipamientos que podía haber incluido en esta propuesta de transformar el uso dotacional con el de vivienda, habiéndose limitado (por ahora) a los tres ya citados, de los que se plantea sacar 42 viviendas (en San Vicente de Paúl), 35 (en Puntales) y 8 (en la Merced).

Con ello, descarta el gobierno municipal otras opciones en la ciudad que según los informes técnicos eran susceptibles de acogerse a ese decreto ley que la Junta de Andalucía puso en marcha en marzo de 2025 y al que el Ayuntamiento gaditano se acogió por aprobación del Pleno en junio.

Así, por ejemplo, además del espacio de San Vicente de Paúl los técnicos han identificado en el PGOU otras dos parcelas “calificadas como equipamiento comunitario básico” compatibles con la aplicación del decreto ley, el antiguo colegio Adolfo de Castro y el antiguo colegio Carmen Jiménez. Pero apunta al respecto el Ayuntamiento que ambas parcelas “son susceptibles de instrumentos de ordenación que se encuentran actualmente en fase de estudio”, por lo que quedan fuera de esta posible medida.

Por otro lado, se identifican otra serie de parcelas “pertenecientes a zonas con uso global residencial” calificadas en el PGOU como “dotacional sin uso específico asignado”, por lo que pueden acogerse al decreto ley, como va a ocurrir con el solar de Puntales y la finca de la Merced. Pero además de estos dos suelos, se presentan en este bloque el solar de Guerra Jiménez (actualmente ocupado por una zona de juegos infantiles), el solar junto a la plaza de San Ana (en la esquina de la calle Cineasta Julio Diamante), dos parcelas del Cementerio (Cementerio Norte, colindante con el Callejón del Blanco, y Cementerio Sur, junto a la calle Raúl Calvo), el solar de la intersección de Marconi con la Avenida de la Sanidad Pública y la parcela de la plaza de la Habana más próxima a la intersección de la Plaza de Madrid con la Avenida principal.

De todos estos suelos especifica el informe técnico municipal que las dos parcelas del Cementerio quedan excluidas “al no tener aún la condición de parcela edificable”. Y sobre el resto, se hace referencia a un informe elaborado por Procasa “donde se establece la idoneidad de aquellas parcelas que cumpliendo las condiciones son susceptibles de acogerte al decreto ley a corto plazo por tener unas características óptimas para la implantación de viviendas”.

No obstante, ese estudio de Procasa no rebela por qué se han descartado en este primer momento la posibilidad de construir viviendas en los solares de Guerra Jiménez, de Marconi, de la Plaza de la Habana o de Santa Ana. Y es que ese informe se limita a valorar las tres parcelas seleccionadas, concretando que el solar de Puntales para 35 viviendas cuenta con el proyecto básico finalizado y el proyecto de ejecución en fase de redacción; que la finca de la Merced es “idónea para rehabilitación a vivienda o alojamiento dotacional sin modificar PGOU”, abriendo la puerta a la posibilidad “de desarrollar un proyecto conjunto con la finca medianera número 9 de plaza de la Merced”; y que la de los padres paúles no tiene actualmente “uso efectivo”, tratándose de un solar “con buena accesibilidad y ubicación”. Además, se destaca también que la titularidad pública de estas tres parcelas “representa una ventaja significativa para la empresa municipal de Vivienda, permitiendo una gestión directa y eficaz que puede acelerar los procesos de promoción, adjudicación y control social de las viviendas protegidas”.

“En definitiva, la movilización de este suelo dotacional para vivienda protegida constituye una respuesta estratégica a la creciente demanda de alojamiento digno y asequible, y un impulso a la política pública de vivienda en Cádiz, capaz de fomentar un desarrollo urbano sostenible, equilibrado y socialmente justo”, concluye el estudio de Procasa.