Siempre va a ser el año, pero nunca termina siéndolo; cada enero se convierten en los principales objetivos de las administraciones, pero cuando llega diciembre se constata que todo sigue igual… cuando no peor. Los grandes equipamientos que desde hace años demanda y espera la provincia, especialmente la capital, ha completado otro año, 2023, en blanco. Otros doce meses para el pesimismo, para poner a prueba la paciencia de cualquier mortal, que ve cómo el calendario ha vuelto a quedarse sin hojas sin que esos proyectos hayan echado a andar en lo material.

Si se habla de equipamientos en Cádiz, hay un triángulo que se ha eternizado en los últimos tiempos y al que, desgraciadamente, hay que volver a referirse en este arranque de año para apuntar en clave negativa lo que no se ha hecho en los últimos doce meses. Hospital, Valcárcel y Ciudad de la Justicia vienen a ser las tres grandes demandas por cubrir; que no las únicas. En los tres casos, además, queda cierta sensación de que el año 2023 no solo no ha servido para avanzar, sino que finaliza con algunos interrogantes o algunos pasos atrás en el largo camino hasta ahora recorrido para hacer realidad estos equipamientos.

El nuevo hospital

En 2024 se van a cumplir 20 años -nada menos- de la presentación del primer proyecto de construcción de un nuevo hospital regional en Cádiz. Dos décadas de anuncios, de fechas, de presupuestos, de servicios, de mejoras y comodidades de un edificio simulado en unos bocetos e infografías; de elecciones y cambios de gobierno a nivel estatal, regional, provincial y local, sin que se haya avanzado prácticamente nada en relación a la dotación presupuestaria del futuro equipamiento sanitario, que a día de hoy sigue siendo de 0 euros, ni tampoco respecto a las obras, que se siguen esperando en la parcela señalada.

Es más, el que debiera ser uno de los primeros pasos para la construcción de este hospital acumula más de tres años de una espera inexplicable. Y es que la Junta de Andalucía tiene que hacerse con la titularidad de un suelo, sobre el que se levantará el edificio, que actualmente es propiedad de la Zona Franca. La operación tiene varias posibilidades para materializarse, desde el pago del suelo hasta la permuta de parcelas entre la administración estatal y la andaluza; pero lo cierto es que a las propuestas presentadas no se le ha dado respuesta por parte de la Junta, que sigue insistiendo en que está estudiando la situación.

En paralelo a este trámite, a priori sencillo pero que se ha enquistado en el camino a seguir, la Junta anda diseñando el denominado Plan Funcional, que es el que determinará las necesidades que debe cumplir ese futuro centro sanitario cuyas obras se anunciaban para el año 2026 pero que aún tiene por delante un largo recorrido hasta la llegada de los primeros obreros. Recorrido en el que la agilidad y la astucia no es precisamente lo que está destacando hasta ahora.

En materia sanitaria también sigue pendiente la reclamación de Chiclana de contar con un hospital. Una demanda que también se remonta a muchos años atrás pero sobre la que la Junta de Andalucía insiste en que solo atenderá cuando esté funcionando el nuevo hospital regional en la capital.

La Ciudad de la Justicia

Dos décadas ha cumplido también el proyecto de Ciudad de la Justicia; un tiempo enorme que ha dado lugar a casi todo tipo de desviaciones en el plan inicial, de reajustes, de reinicios… y de dudas, como la que se cierne actualmente sobre ese equipamiento que en teoría debe completar los espacios de los antiguos depósitos de tabaco.

El proyecto inicial para la Ciudad de la Justicia era levantarla en la parcela de 10.000 metros cuadrados de Tolosa Latour, lo que incluso dio lugar a varias negociaciones, convenios y operaciones para que la Junta se hiciera con la totalidad del suelo, donde participaban otras administraciones como la Diputación Provincial. La crisis económica obligó a buscar soluciones más económicas a la administración andaluza, que tras varios posibles se decantó por los antiguos depósitos de tabaco, en un proyecto que sería más reducido y tendría que adaptarse a las posibilidades físicas de esas edificaciones del Cerro del Moro y Puntales.

Desde ese momento viene jugando la Junta de Andalucía con pasos, proyectos que no se dan a conocer, cifras económicas en progresivo aumento y fechas que no se cumplen. Hasta llegar a 2023, cuando el presupuesto se ha vuelto a disparar y la administración andaluza ha echado el freno para anunciar ahora que la operación sólo podrá realizarse mediante la participación de inversores privados. Un anuncio, hecho por el consejero de Justicia en una visita a Cádiz este pasado noviembre, que vuelve a sembrar las dudas sobre un proyecto que, de hecho, se ha caído de los presupuestos autonómicos, que estos últimos años sí venía reservando una partida (un tanto ridícula respecto al montante total de la construcción) para unas obras que ya se sabe que tampoco empezarán en 2024.

Valcárcel, ¿vuelta al limbo?

Y si el proyecto de la Ciudad de la Justicia finaliza 2023 con más dudas que parecían ya resueltas, el del nuevo uso del histórico edificio Valcárcel como Facultad de Educación también ha quedado envuelto en un enorme interrogante que hace tambalear la operación universitaria. En este punto será determinante el papel que juegue el nuevo rectorado de Casimiro Mantell, que el pasado noviembre vencía las elecciones para liderar la UCA pero que todavía no ha tomado posesión de su cargo.

Mantell tendrá la principal decisión ahora respecto a ese traslado a Cádiz de Educación, que años después de demandar Valcárcel sigue sin convencer a una parte considerable del personal y alumnado universitario. No en vano, se estima en 3.000 las personas que vendrían a la facultad frente a la Caleta, con los consiguientes problemas de movilidad y la pérdida de unas comodidades que sí tienen ahora profesores, personal y alumnos en Puerto Real.

Pero por encima de todo esto, el gran interrogante se cierne sobre las instalaciones deportivas, que las administraciones plantean (sin que haya proyecto, ni presupuesto, ni compromiso alguno por escrito de ninguna administración) en el Campo de las Balas. ¿Puede Cádiz permitirse destinar una parcela a priori tan jugosa, junto al mar, al lado de la Caleta y del Castillo de Santa Catalina, a instalaciones deportivas universitarias? ¿Y puede la UCA abrir y mantener dos instalaciones deportivas de ese calibre a tan pocos kilómetros de distancia, teniendo actualmente las que se ubican en Puerto Real? ¿Es viable que Educación se traslade a Cádiz pero deje la rama de Educación Física en Puerto Real?

Interrogantes fundamentales sobre el que se tendrá que pronunciar el nuevo rector y que mantiene paralizada la firma de un convenio que se anunció para finales de 2022 pero que sigue en el aire en este arranque de 2024. Un escenario que, lógicamente, envía al traste ese plan inicial de que Valcárcel volviera a la vida en el año 2026.

De hecho, este año que comienza está llamado a ser fundamental para decidir de una vez si se le da o no al histórico edificio de la Viña ese uso universitario tan demandado años atrás; o si, por el contrario, se puede volver a replantear las posibilidades para acoger otras iniciativas o usos. Y ahí hay que recordar la operación hotelera que se aprobó en su día y que cuenta con empresa adjudicataria (Zaragoza Urbana) y proyecto definido (del prestigioso arquitecto Rafael Moneo).

Con estos tres equipamientos (hospital, Ciudad de la Justicia y Valcárcel) como pico del iceberg, la provincia despide 2023 con otros muchos equipamientos pendientes de materializar. Hace unos días, el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, aseguró que será el año 2024 el del desbloqueo definitivo del hospital y la Ciudad de la Justicia. Pero el optimismo habitual en el arranque del año se torna ya, dos décadas después, en mera incredulidad o agnosticismo. Doce meses tienen por delante las administraciones para confirmar o no los buenos y malos presagios de unos proyectos que en ningún caso debieran acumular tal cantidad de años en blanco, de despropósitos, de bailes de cifras y de promesas incumplidas.