Animalistas denuncian la captura y "traslado ilegal" de los gatos del viejo cementerio de Cádiz

Dos colectivos animalistas han denunciado la captura y el "traslado ilegal" por parte del Ayuntamiento de Cádiz de algunos de los gatos del alrededor de un centenar que componen la colonia del viejo Cementerio de San José. En el antiguo camposanto ya ha comenzado la fase previa de retirada de unos 90.000 restos mortales para la conversión de este espacio en un gran parque público.

Los activistas de El Gato Genovés y de la Asociación Barrio Felino han solicitado judicialmente la paralización de esta medida municipal porque sostienen que incumple la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Concretamente, el artículo 43, que establece como principio la inamovilidad de esas colonias y, como excepción, su movilidad en supuestos tasados con un concreto procedimiento que aseguran no haberse llevado a cabo.

Argumentan que en su punto 6, el mismo artículo prohíbe "la retirada de gatos comunitarios de su colonia, con las siguientes excepciones: a) Gatos enfermos que no puedan seguir valiéndose por sí mismos en su entorno y territorio habituales. En estos casos se valorarán por un profesional veterinario las opciones más adecuadas para el gato, anteponiendo siempre los criterios de calidad de vida del animal. b) Gatos totalmente socializados con el ser humano que vayan a ser adoptados y c) Cachorros en edad de socialización que vayan a ser adoptados.

Que en el punto 7 se prohíbe también "la reubicación o el desplazamiento de gatos comunitarios, con la excepción de los gatos cuya ubicación en libertad: a) Sea incompatible con la preservación de su integridad y su calidad de vida. b) Suponga un impacto negativo para las condiciones de biodiversidad en espacios naturales protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000. c) Suponga un impacto negativo para la fauna protegida y d) Suponga un riesgo contra la salud y la seguridad de las personas".

Y añaden que en el punto 8 de ese artículo se obliga a que "las acciones de retirada para la reubicación o desplazamiento en otro espacio preservarán el bienestar de los gatos comunitarios y las colonias felinas y se realizarán bajo supervisión veterinaria y previo informe preceptivo del órgano competente de la comunidad autónoma sobre el cumplimiento de las condiciones de protección de la biodiversidad donde se valorarán las situaciones descritas en las letras a), b) y c), se justificará la necesidad de retirada o desplazamiento y se valorarán y planificarán las opciones más adecuadas para los gatos. En el caso de la letra d), la valoración de la situación descrita la realizará el órgano competente en la materia".

Además, han pedido como medida cautelarísima que el Ayuntamiento de Cádiz se haga cargo de su alimentación,en tanto que la responsabilidad de la atención de estos animales es municipal, tal y como se recoge en el mismo texto legal, y en tanto que desde hace años la vienen sustentando voluntarios que ya no pueden soportar ese gasto.

Ya a finales del pasado mes de enero los activistas alertaron en un escrito dirigido al Ayuntamiento de que solo habían podido conseguir comida para 30 días desde el 18 del mismo mes y que si los animales muriesen de inanición o se vieran perjudicados por la falta de alimento el Consistorio incurriría en un delito penal de maltrato animal.