La consulta pública para que la ciudadanía aportase alegaciones al plan municipal que busca evitar la turistificación en la ciudad, y una proliferación abusiva de los pisos turísticos, que no su eliminación, ha aportado datos cuanto menos que significativos.

A pesar del ruido que ha provocado esta planificación, cuyo desarrollo está pendiente desde hace más de un año cuando el gobierno municipal presentó por primera vez la propuesta a pleno siendo rechazada por la oposición, lo cierto es que a la hora de plantear quejas o propuestas al documento el interés ciudadano ha sido mínimo, producto o bien de la desidia o bien de que se está de acuerdo con esta medida.

Sólo una alegación emitida en plan grupal ha incluido a entidades ciudadanas, el resto son particulares. En total 187.

Estas últimas, sin embargo, son llamativas en un buen número. Aunque este proyecto presentado por el equipo de gobierno se circunscribe al término municipal de Cádiz, como resulta obvio, hay un buen número de alegaciones de personas que residen fuera de la capital gaditana. Más aún, hay alegaciones presentadas desde empresas radicadas en otras ciudades del país, como ‘Cambio de uso de inmuebles en Málaga’, que tiene su domicilio en la capital de la costa del sol, al igual que otras centralizadas en Sevilla.

Junto a esta peculiaridad de las 187 alegaciones que ha recibido el Ayuntamiento, 65, es decir algo más de un tercio, son de propietarios de viviendas de fines turísticos que acreditan su domicilio en otra ciudad y no tienen una residencia estable en Cádiz más allá de este piso como negocio; junto a ellos hay 62 alegaciones de personas que sí tienen su residencia en Cádiz pero el domicilio que aportan es una VFT, que se supone no es de uso habitual para ellos si no como alquiler.

A la vez hay 26 peticiones de paralización del proyecto municipal firmadas por empresas o promotores de Cádiz, Málaga, Sevilla, relacionadas con este negocio turístico.

La patronal del sector también ha participado en este proceso uniéndose a ellos Horeca, Cádiz Centro Comercial y las formaciones del PP y Ciudadanos.

Hay cerca de una decena de alegaciones de particulares que indican que trabajan para este sector por lo que temen la pérdida de su puesto de trabajo si se elimina el mismo, algo que en todo caso no se plantea en el plan municipal, por lo que piden que no salga adelante. Y en un menor número, hay vecinos que se muestran a favor de la medida aduciendo que la proliferación sin control de estos equipamientos turístico está sacando de la ciudad a muchos vecinos.

Las alegaciones proceden de ciudades como Cádiz, El Puerto de Santa María, Conil, San Fernando, Jerez de la Frontera, Málaga, Alcorcón (Madrid), Palomares del Río (Sevilla), Segovia, Herrera del Duque (Badajoz), Granada, Córdoba, Villanueva del Ariscal (Sevilla), Viladecans (Barcelona), Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Barcelona, Cunit (Tarragona) y León.

Junto a propietarios particulares y empresas gaditanas que trabajan con estas VFT han alegado también la Asociación de Viviendas Vacacional de Andalucía Apartsur, Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía y varias firmas inmobiliarias o de la hostelería que tienen presencia también en este negocio.

Más del 90% de los documentos recibidos por el Ayuntamiento siguen de forma exacta el contenido de la alegación elaborada en su día por asociaciones de VFT. No sólo no se cambia ni una coma sino que en los mismos aparece la misma errata localizada en el original.

Jugando con estos datos y esta alegación similar en su gran mayoría, para el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila, "se consigue una foto muy clara de lo que ha sido una campaña orquestada con unos intereses muy claros, de personas o empresas que tienen unos intereses económicos muy directos respecto a las VFT, ignorando la incidencia de las mismas en el propio desarrollo de Cádiz y sus vecinos". En este sentido menciona la participación, utilizando el mismo documento, de empresas y asociaciones que tienen su sede fuera de la capital.

"No son los ciudadanos en general los que han participado, son los que tienen intereses directos, que lamentablemente ven a la ciudad desde la perspectiva de un negocio y no como algo vivo a lo que hay que cuidar", se lamenta el edil.

Para el concejal, este grupo "tiene una mirada sesgada y muy cortoplacista de Cádiz", lamentando la presencia entre las alegaciones de la Asociación de Comerciantes del Centro.

En este sentido, recuerda como hace años desde la misma asociación se defendía al residente en la ciudad como el cliente más fiel, más allá de los periodos vacacionales, por lo que la pérdida de población había incidido de forma negativa en los negocios tradicionales.

"Ahora, sin embargo, se promueve la salida de los vecinos por el cambio de uso de estas viviendas. No se dan cuenta de que el mejor público que puede tener la hostelería y el comercio son los propios vecinos de Cádiz. Este turismo puntual afecta a la propia identidad de la ciudad y hacen que el comercio tradicional, a la larga, pierda negocio. Es sorprendente que la patronal no defienda a los suyos y no se dé cuenta de los perjuicios que provoca la turístificación", aduce el concejal.

Defiende Martín Vila la urgencia de esta acción de gobierno, que ya asume que va con retraso ante el constante crecimiento de la oferta de pisos y apartamentos turísticos.

En este sentido la gran incógnita sigue siendo la postura del PSOE. Si hace algo más de un año su falta apoyo dio al traste con el plan municipal, desde entonces se han mantenido conversaciones que no han evitado más de un enfrentamiento dialéctico, con una clara ruptura entre el gobierno local y el grupo municipal socialista, hasta el punto de actuar como intermediario, para reabrir el diálogo, la agrupación local del PSOE.

En todo caso, Vila aún mantiene, según se deduce de sus palabras, su duda sobre la decisión del PSOE cuando el próximo septiembre se celebre un pleno extraordinario para debatir este proyecto.

Recuerda el edil de Urbanismo que "el PSOE lleva tiempo sin pronunciarse sobre esta consulta. Tiene nuestra propuesta desde hace dos meses y medio, cuando llegamos a un principio de acuerdo y definimos en plan, y todavía no hemos recibido contestación alguna de ellos, cuando ya le informamos que en septiembre íbamos a convocar el pleno".

Vila se muestra duro con esta indefinición y reclama de los socialistas claridad "a la hora de apoyar el boicot de las empresas del sector o apoyar a los intereses de los vecinos de la ciudad, ayudando a garantizar el acceso a una vivienda digna y evitando la despoblación de determinadas zonas del casco antiguo ante la presión de esta modalidad turística".

"En su momento serán los ciudadanos los que juzguen los intereses que defiende cada uno, por lo que el PSOE no debería de perder la oportunidad de volver a estar presente en Cádiz, con la gente que lo necesita y así redimir el pasado voto apoyando esta medida de futuro, que está encaminada a proteger al vecino y a su derecho a seguir viviendo aquí".