Comercio

Las claves de la Zona de Gran Afluencia Turística de Cádiz

  • La declaración abre paso a una nueva organización de las tiendas, con libertad total de apertura cinco meses al año

Turistas cruzan un paso de peatones de la Avenida del Puerto. Turistas cruzan un paso de peatones de la Avenida del Puerto.

Turistas cruzan un paso de peatones de la Avenida del Puerto. / Lourdes de Vicente

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El nombre es tan rimbombante que a simple vista no se sabe muy bien qué significa tal consideración. Y la incertidumbre en el caso concreto de Cádiz ha sido tal –con tres declaraciones distintas en apenas unos meses– que puede haber dado lugar a cierta desconfianza, desconocimiento o compás de espera que parece haber llegado a su fin. La resolución final de la Junta de Andalucía, declarando a todo el término municipal de Cádiz como Zona de Gran Afluencia Turística durante los meses de abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre, además de los diez días de Carnaval (desde el jueves anterior a la Final del Coac hasta el domingo de Piñata) abre la posibilidad de un escenario comercial completamente distinto durante medio año al actual, con tiendas y comercios de todo tipo abriendo a horas y en días no habituales. Estas son las claves de la declaración de Cádiz como Zona de Gran Afluencia Turística.

Qué supone el ZGAT

La cuestión de las zonas de Gran Afluencia Turística hunde sus raíces en plena crisis económica y en uno de los coletazos que volvió a vivirse en el año 2011 y que dieron lugar a un decreto ley (20/2012) que pretendía diseñar “una estrategia de política económica que contenga los elementos adecuados en el presente contexto” y que devolviera “la credibilidad de los mercados financieros”. En el conjunto de medidas de ese decreto ley se incluían algunas relacionadas con la liberalización de los horarios y días de apertura del comercio, como recomendaban instituciones como el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

“La ampliación de la libertad de horarios tendrá efectos positivos sobre la productividad y la eficiencia en la distribución comercial minorista y los precios y proporcionará a las empresas una nueva variable que permitirá incrementar la competencia efectiva entre los comercios. Asimismo, se incrementan las posibilidades de compra del consumidor y, en consecuencia, sus oportunidades de conciliación de la vida familiar y laboral”, dice el texto legislativo.

En esas medidas liberalizadoras –que aumentan el número de domingos al año que pueden abrir los negocios, o que flexibiliza también el tipo de tienda que puede flexibilizar sus horarios– aparecen estas Zonas de Gran Afluencia Turística cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas.

En cualquier caso, la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística significa que los comercios afectados “tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público”. Es decir, que no hay restricción alguna para el comerciante.

Por qué Cádiz es ZGAT

Curiosamente, dice la norma que son los ayuntamientos los que deben proponer a sus comunidades –la Junta de Andalucía, en este caso– la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, siempre que se de una serie de condicionantes que se relatan (en función del número de plazas hoteleras, de segundas residencias, o de que el municipio en cuestión sea sede de un gran evento deportivo o cultural, entre otras posibilidades).

En el caso de Cádiz, aunque el actual Ayuntamiento se ha mostrado siempre reacio a esta declaración la norma se sitúa por encima. Y esto ocurre porque una de sus excepciones se refiere a las ciudades “que cuenten con puertos que hayan recibido más de 400.000 pasajeros”, las cuales están obligadas “a declarar al menos una zona de gran afluencia turística”. Es más, dice la norma que si el Ayuntamiento no cursara la solicitud, “el procedimiento se iniciará de oficio por la consejería competente”.

Es por este motivo que frente a otras ciudades que solicitan contar con una zona de gran afluencia turística en un período determinado del año, Cádiz está obligada a ello.

Las condiciones

Llegados a este punto es donde ha entrado en contraposición el criterio municipal con el autonómico. El Ayuntamiento lanzó una primera propuesta de declaración que se limitaba a parte del casco histórico y a la primera quincena de mayo y segunda de septiembre (los picos habituales de mayor llegada de cruceristas). El Tribunal Supremo tumbó esta resolución, ante la cual la declaración quedaba sin límite alguno ni geográfico ni de tiempo. Y entonces el Ayuntamiento propuso la limitación al tiempo concedido (los cinco meses y el Carnaval) pero pretendía que fuera válido sólo en el casco histórico y la zona del Paseo.

Lo que la norma dice al respecto es que la solicitud que envía el Ayuntamiento (que debe contener la aprobación de la propuesta en el órgano de gobierno municipal competente e informes de la Cámara de Comercio y otras entidades y colectivos) es luego acompañada del informe que realizará al respecto “la delegación territorial competente en materia de comercio interior y en el que valorará las circunstancias”. Posteriormente, oído el Consejo Andaluz de Comercio, se realizará la propuesta de resolución final para atender las posibles alegaciones del Ayuntamiento –que en el caso de Cádiz se remitió a la Junta de Andalucía en tiempo y forma– tras lo que finalmente la Dirección General de Comercio Interior realiza la propuesta final, que es la que la Consejería ha aprobado finalmente.

Vigencia de la ZGAT

En principio, la resolución de la Junta será válida hasta el año 2022, teniendo el Ayuntamiento que tramitar en octubre de ese año las condiciones que estarían vigentes a partir de 2023. No obstante, la norma establece un proceso de renuncia por parte del Ayuntamiento y también de revisión de la vigencia por parte de la Junta.

Teniendo en cuenta el caso ‘obligado’ de Cádiz en base a las cifras de afluencia de visitantes que llegan al puerto, el único motivo que permita que la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística pierda su validez estaría en la pérdida de pasajeros que lleguen a la ciudad por mar (un total de 447.545 registró el puerto el pasado año, superando la barrera establecida en 400.000).

La norma establece, en cualquier caso, que las delegaciones territoriales “recabarán anualmente los correspondientes informes”; y además, permiten a los ayuntamientos presentar la renuncia “a partir del segundo año de vigencia” si se dieran las circunstancias para ello. En este último caso, estaríamos hablando del año 2020, cuando este nuevo Cádiz comercial que ha dibujado la Junta de Andalucía hubiera alcanzado su segundo año en vigor.

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