Con ocasión de las informaciones publicadas por Diario de Cádiz este viernes 19 de marzo relativas al procedimiento judicial que afecta al catedrático Francisco Antonio Macías Domínguez, procesado por desviar fondos públicos de la Universidad de Cádiz mientras ostentaba el cargo de vicerrector, la Universidad de Cádiz ha manifestado que no se mandó destruir la auditoría que realizó la propia UCA cuando se destapó el caso de las tarjetas black. 

"Desde la UCA, ni se ordenó eliminar, ni mandó destruir ningún documento. La auditoría completa de estos casos fue trasladada a la Fiscalía en el año 2016, como consta en las actuaciones. En ningún momento, la auditora ha declarado lo que se indica en la información publicada sobre la eliminación de los citados documentos", puntualizan desde la Universidad.

La institución académica gaditana señala que la actuación seguida por la UCA ha sido siempre la colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos.

"Los servicios jurídicos de la Universidad de Cádiz han colaborado y colaboran con la Justicia en todos los casos que así lo demandan y no han trasladado ninguna información sobre este asunto a los medios de comunicación", señala asimismo la UCA.