La investigación sobre el supuesto uso fraudulento que altos cargos de la Universidad de Cádiz dieron a las tarjetas corporativas de la institución académica desembocó en una amplia auditoría de la caja habilitada en el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (VIDI) que lideró el catedrático Francisco Antonio Macías Domínguez, ahora procesado por malversación de caudales públicos y falsificación de documento oficial, dos delitos por los que se enfrenta a la pena de seis años y medio de prisión.

Así, la Universidad de Cádiz publicó en su boletín interno, el Bouca, los resultados de la auditoría prometida por el rector Eduardo González Mazo en una espontánea asamblea de alumnos de diciembre de 2014, celebrada tras conocerse el uso supuestamente irregular que se había hecho de las tarjetas bancarias por parte del equipo directivo del anterior rector, Diego Sales.

En ese momento, la UCA habló de pequeñas “anomalías”, pues la mayor parte de los gastos pagados con las tarjetas corporativas tenían justificación, si bien en el caso de Macías Domínguez se detectaron ciertas irregularidades en un informe al que no se tuvo acceso.

El abogado del catedrático procesado solicitó copia de esta auditoría especial. “Nunca la obtuvimos”, afirma el letrado y explica por qué en su escrito de defensa. “Según manifestó la auditora de la UCA en sede judicial durante la instrucción, el rector Eduardo González Mazo ordenó eliminar esta auditoría, por lo tanto, no pudimos cotejar que los nombres y motivaciones ahora cuestionados, origen de la acusación penal, fuesen los correctos”.

“Todos los documentos eran públicos y se pudieron impugnar o corregir si alguien consideraba que no era  fiel reflejo de las reuniones celebradas o que su nombre aparecía indebidamente”, concluye la defensa.