¿Qué hacía el algodón pólvora dentro de aquellas 50 cargas de profundidad que llegaron a Cádiz en diciembre de 1943? Su fabricación y uso se había abandonado en la segunda década del s. XX, cuando fue sustituido definitivamente por el incorruptible TNT, el rey de los explosivos militares durante décadas. Tanto era así, que nadie se esperaba su reaparición. Y lo mismo debieron pensar en la Marina Regia cuando descubrieron lo que les habían suministrado los alemanes. ¡Una bomba subacquea caricata con 125 kg de fulmicotone! Pues sí, fulmicotón, gun-cotton, nitrocelulosa, algodón pólvora… Muchos nombres para una única y peligrosísima sustancia. La Segunda Guerra Mundial estaba consumiendo todas las existencias de trilita, y en las fábricas de armamento de Alemania escaseaban la materia prima y el tiempo que se necesitaba para sintetizarla. Por ese motivo recurrieron al algodón pólvora, más barato y más rápido de producir.

Las 50 cargas WBD arribaron a Cádiz sin previo aviso junto a otras 28 WBF, que también contenían ese terrorífico elemento. García de Lomas, comandante de la Base de Defensas Submarinas, se sintió sorprendido porque nadie le había informado de su llegada, y tuvo que ponerse en contacto inmediatamente con el mando para preguntar qué era lo que debía hacer con ellas. Las WBF fueron quitadas de en medio, pero las WBD fueron apiladas como los toneles de una bodega en el extremo del primero de los almacenes; y a continuación se olvidaron de ellas. Fue un error fatal, como guardar una caja de yogures en un trastero con un techo de uralita.

La fermentación del algodón pólvora dentro de aquellas carcasas herméticas y opacas llegó a su límite en la noche del 18 de agosto de 1947. Las primeras horas posteriores a la catástrofe dieron fe de que la explosión solo pudo tener un origen accidental y los indicios que apuntaban en otros sentidos ni siquiera se convirtieron en líneas de investigación. Se desecharon casi de inmediato y el juez se limitó a dejar constancia escrita de los testimonios que recibía. Las causas reales eran tan vehementes que los abogados de Gandarias tenían clarísimo que "apareciendo indicios racionales de criminalidad contra las personas encargadas de la dirección y vigilancia de los almacenes de artefactos explosivos donde se originó la catástrofe que tantas víctimas y daños produjo, se dicte auto de prisión incondicional de las mismas, con embargo de todos sus bienes, sin perjuicio de la depuración de la responsabilidad de otras personas que obrando sobre aquellas puedan resultar, por acciones y omisión no maliciosas, pero sí relacionada directamente con el gravísimo y espantoso mal causado, reos de este delito culposo sin parangón como tal en la historia de la criminalidad española". Se refería, por supuesto, al estamento militar, porque no cabe en cabeza humana que las personas encargadas de la dirección y custodia del polvorín pudieran ser otras. Pero casualmente justo después de esta reclamación particular se produjo la inhibición forzosa de la justicia civil en los tribunales militares, que tres años más tarde decretaron el sobreseimiento libre del proceso.

Lo que pocos saben es que el 21 de agosto de 1947, tres días después de la explosión, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada emitió la orden 17.914, dirigida a todos los Departamentos Marítimos del país, con el siguiente texto: "Ruego V.E. ordene a buques que lleven cargas de profundidad cuyo explosivo no sea trilita o se desconozca proceda al desembarco de ellas". Más que una sospecha, era un convencimiento por parte de las autoridades de Marina. Las víctimas de Cádiz merecen al fin un reconocimiento de culpa, que todavía no ha llegado.