Suele decirse que en ocasiones la realidad supera a la ficción. Lo sucedido el pasado jueves 24 de septiembre en Cádiz respalda tal afirmación. De hecho, la desagradable sorpresa que se llevó una familia gaditana a primera hora de la mañana de ese día en la Tacita de Plata se antoja propio de una película de la saga de Torrente o de Loca Academia de Policía. Ver para creer.

Barriada de Loreto, 7:00 horas. La Policía Nacional se dispone a intervenir en un operativo para el que cuenta con una orden judicial de registro y con el que pretende desmantelar un presunto punto muy activo de venta de drogas. Hasta aquí, todo normal.

El esperpento comienza cuando, tras entrar en la casapuerta del inmueble, el grupo especial de intervención, que actúa antes de que entre en acción el Grupo 2º de la UDYCO de la capital gaditana para acceder a la vivienda y asegurarla, confunde el domicilio. Pese a que el mandato judicial claramente indica que la letra del inmueble es la C, los agentes derriban el portón con la letra D, acceden a la casa y esposan, tiran al suelo boca abajo y detienen a la única ocupante que en esos momentos se encontraba en ella, una mujer de 35 años.

Durante los aproximadamente 10 minutos en los que los policías persistieron en su error, sin duda interminables y agónicos para la detenida, ésta no cesó de advertir del error, de negar que allí se encontrara el hombre al que buscaban. De poco sirvieron sus gritos y llantos porque los agentes continuaban registrando y buscando por cualquier rincón.

Cuando los policías, que iban acompañados por una secretaria judicial -letrada de la Administración de Justicia- y un perro adiestrado para detectar sustancias estupefacientes, se percataron del bochornoso fallo que habían cometido, abandonaron la casa y se dirigieron al portón de la vivienda para la que sí tenían, en efecto, una orden de registro. Ya era tarde. El daño estaba hecho.

Mientras la UDYCO desempeñaba su labor, ahora sí, en la casa del supuesto traficante, los policías que habían entrado negligentemente en el domicilio equivocado aguantaban estoicamente el chaparrón que les caía, con toda la razón del mundo, por parte del padre de la joven detenida ilegalmente, también empadronado en el domicilio aunque había salido temprano a practicar deporte.

En el colmo del despropósito, el jefe del operativo llegó a decirle al propietario del piso allanado, según explica éste, que debía llamar al seguro para la reparación del portón reventado, o contactar con un carpintero para el arreglo y después pasarles la factura…

Lógicamente, el padre de la mujer detenida por error durante unos 10 minutos ha puesto ya todo el asunto en manos de abogados para interponer la correspondiente denuncia por los lamentables hechos ocurridos. Por miedo a represalias, prefiere mantenerse en el anonimato, si bien confirma que está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para que se haga justicia y cada cual asuma las consecuencias de sus actos.

Puestos en contacto con reconocidos expertos del Derecho, resulta obvia la vulneración de uno fundamental como la inviolabilidad del domicilio, amparado por el artículo 18.2 de la Constitución Española, además de por numerosos tratados internacionales, no en vano no resultará complicado acreditar el allanamiento de morada ya que el impactante estruendo que provocó la apertura del portón a golpes motivó que numerosos vecinos se alertaran y salieran al rellano. Hay testigos de lo acontecido.

Del mismo modo, según las fuentes consultadas, también se antoja evidente la detención ilegal y el trato denigrante, por cuanto aunque sólo fuera durante aproximadamente 10 minutos la mujer fue privada de libertad y hubo de soportar la humillación de verse esposada y tirada a la fuerza al suelo. Por último, incluso aceptando que no existe dolo, desde luego sí que se dan los tipos legales de culpa y negligencia. En suma, base más que suficiente para que la demanda prospere y el proceso concluya de forma satisfactoria para los denunciantes.

En este sentido, al margen de la responsabilidad directa de los actuantes, cobra fuerza la responsabilidad civil subsidiaria del Estado para compensar los daños más allá de los desperfectos materiales. Porque, como se pregunta el dueño de la vivienda, ¿quién repara el daño moral a su hija y a él mismo? ¿Quién limpia la imagen de los convivientes del domicilio? En esa casa la Policía ha entrado buscando drogas y de aquí en adelante los vecinos pueden pensar lo que les venga en gana.