El Partido Popular quiere dar la vuelta a la situación que durante estos últimos años se ha generado en torno a la obstaculización de la firma del convenio que hubiera permitido el desarrollo del bono social gaditano. Después de conocerse que la fórmula ideada por el equipo de gobierno sería constitutiva de fraude –según ha determinado la Dirección General de Tributos de la Secretaría de Estado de Hacienda–, los populares quieren que se aclare todo lo que ha venido ocurriendo. Y entre otros requerimientos, quieren la reprobación del presidente de Eléctrica de Cádiz, David Navarro, por “un uso indebido de sus competencias” y por “vulnerar lo previsto en las competencias del consejo de administración” de esta sociedad con “el expreso deseo de dañar al presidente de la fundación (José Blas Fernández) y atribuirse competencias ilícitas”.

Los populares han puesto el acento en la petición que David Navarro realizó al Protectorado de Fundaciones de Andalucía (dependiente de la Consejería de Administración Local) denunciando la situación de la Fundación Eléctrica de Cádiz que sigue presidiendo el popular José Blas Fernández. Petición que se elevó “sin autorización expresa del consejo de administración”, por lo que a ese protectorado se le ha requerido (con fecha del pasado mes de marzo) “que se suspendan todas las actuaciones que se han llevado a cabo” y que se traslade el caso al Ministerio Fiscal “por si hubiese alguna acción ilícita por parte de quien ha tomado la decisión de solicitar la intervención de ese Protectorado”.

Este punto de la reprobación del presidente –anunciando que se dará traslado al Ministerio Fiscal de lo ocurrido “para así salvar la responsabilidad de todos los consejeros”– se quiere incluir por parte del PP en un consejo de administración de Eléctrica de Cádiz cuya convocatoria se ha requerido con carácter urgente.

En ese consejo de administración que los populares piden convocar de urgencia se quiere poner sobre la mesa la respuesta dada por la Dirección General de Tributos de la Secretaría de Estado de Hacienda, señalando especialmente que en caso de haberse formalizado el convenio del bono social gaditano hubiera sido “un fraude fiscal el cual conllevaría responsabilidades penales para los consejeros que tomaron tal acuerdo”. Asimismo, quiere el PP que Eléctrica de Cádiz publicite ante la opinión pública “la ilegalidad que hubiese supuesto la firma del convenio de colaboración entre comercializadora Eléctrica de Cádiz y la fundación para la puesta en marcha del bono social gaditano, pretendiendo utilizar a la fundación para la obtención de un beneficio fiscal ilícito cuyo importe alcanzaría los 2.400.000 euros.

También exigen los populares –representados en Eléctrica de Cádiz por José Blas Fernández e Ignacio Romaní– que se tramite “con carácter urgente” el bono social estatal por parte de la sociedad, como ya han venido requiriendo desde hace meses, en medio de este enfrentamiento con el equipo de gobierno y varios colectivos de la ciudad.

Y por último, quieren que esta cuestión sea también elevada al Pleno del Ayuntamiento así como se de traslado a la Intervención y a la Secretaría General del Ayuntamiento “para su conocimiento y efectos”.