2las vacaciones hacen que la actividad política baje varios enteros. El país queda prácticamente paralizado y los deberes pendientes se retoman a partir de septiembre. Esto tiene especial incidencia, como es lógico, en la actualidad informativa, sobre todo cuando se va acercando poco a poco el mes de agosto, en el que la parálisis ya es casi total. Sin embargo, a lo largo de la semana que finaliza hoy ha habido un amplio despliegue político de la Administración autonómica en la ciudad, al que ayer se sumó a última hora la central con la visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para la apertura -¡por fin!- del paseo marítimo que une los barrios de Astilleros y La Paz por debajo del segundo puente.

Volviendo al Gobierno andaluz, todavía son muchos los proyectos que esta institución debe resolver en la ciudad y que se encuentran incluidos en el convenio que tiene firmado con el Ayuntamiento, aunque a cuentagotas se comienzan a desatascar determinadas cuestiones. Tras la revolución en la Junta al perder Susana Díaz las elecciones primarias para ser secretaria general del PSOE y la marcha a Sevilla de Fernando López Gil, el pasado lunes se produjo la primera toma de contacto oficial entre el alcalde, José María González; y el delegado del Gobierno andaluz, Juan Luis Belizón. De esta reunión, el principal titular fue la nueva idea para dar vida al espacio en el que se iba a ubicar la Ciudad de la Justicia, cuyo desarrollo ya está ligado a los antiguos depósitos de tabacos. Ahora, en el barrio de San Severiano se apunta a que se va a construir una Ciudad Educativa, un macrocentro con dos edificios en los que los estudiantes podrían cursar desde Infantil hasta Bachillerato. De momento, sólo es un nuevo proyecto a trabajar, por lo que, a tenor de lo que ha sucedido con otros, los años pasarán hasta que se convierta en realidad.

El tema que parece que está casi encarrilado es el de Tiempo Libre, tanto que en el Pleno municipal de este mes de julio se debe aprobar la modificación puntual del PGOU que permitirá el uso hotelero de esta parcela. Esto llevó a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, a anunciar el pasado jueves la intención de la Junta de licitar la venta de la parcela para la construcción de un hotel.

Para completar la semana, también estuvo de visita por Cádiz el pasado miércoles el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, con la noticia bajo el brazo del inicio en este mismo verano de nuevas obras en el Teatro Romano.

Con todo, las Administraciones de distinto color político están condenadas a entenderse por el bien de la ciudad. Resulta curioso que este despliegue de medios en Cádiz se haya producido justo después de la celebración en la capital gaditana de la Universidad de Podemos. Un evento en el que, entre otras cuestiones, se señaló al PSOE andaluz -encarnado especialmente en la figura de Susana Díaz- como un rival a batir, tanto, que dentro de la estrategia morada no se contempla compartir Gobierno y se prefiere trabajar desde la oposición.

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Uno de los principales problemas con el que se está encontrando el equipo de Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz desde que accedió a la Alcaldía es el trato con el tejido asociativo de la ciudad. El Reglamento de Participación Ciudadana es un ejemplo claro de la falta de entendimiento entre el Consistorio y las entidades históricas de la ciudad, en este caso las vecinales, sobre todo en un momento de aparición de nuevos colectivos con una mayor afinidad, un hecho denunciado por el PP.

En este caso, el problema ha surgido con el traslado de la asociación Al Sur del Sur dentro del edificio de Hermanas Mirabal. La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, justificó esta acción por las peticiones de local realizadas por más de 40 asociaciones. Un asunto que, al final, vuelve a despertar las reticencias entre el Gobierno y la oposición.