Las dudas posibles parecen haberse disipados, no sólo en Cádiz, sino en todo el país. Las inmatriculaciones de bienes en favor de la Iglesia Católica se hicieron conforme a la ley, viene a resolver el informe jurídico que el Gobierno estatal ha realizado a este respecto; un arduo trabajo que pone de relieve la escasa incidencia que en la capital gaditana y en toda la provincia ha tenido esta cuestión. De hecho, Cádiz es la provincia de Andalucía con menos inmatriculaciones, y la quinta de España: 51, en concreto, solo por delante de Álava (48), Vizcaya (31), Ciudad Real (25) y Guipúzcoa (que cierra el ranking nacional con 9 edificios). Cifra que no llega al 0,15% del total de 34.961 fincas registradas por la Iglesia en España.

Además, hay que tener en cuenta que esta cifra de 51 edificios es a nivel provincial, donde conviven dos diócesis distintas: la de Cádiz y Ceuta, que habría llevado a cabo 27 registros; y la de Jerez, que suma otros 17. El resto responden a acciones protagonizadas por hermandades, fundaciones, parroquias u órdenes religiosas.

De esos 51 edificios que la Iglesia Católica registró a su nombre en la provincia entre los años 1998 y 2015, solo 9 corresponden a la capital; y los nueve hacen referencia a iglesias. Entre ellas la propia Catedral, así como San Pablo (que en la documentación gubernamental aparece citado como Iglesia de la Conversión de San Pablo e Iglesia del Apóstol San Pablo, que pudiera ser realmente de Santiago que pasó a la diócesis tras la marcha de los jesuitas en el año 2007), Santa Catalina, la parroquia del Rosario, la capilla del Pópulo y la capilla del Caminito. Las dos iglesias restantes, La Palma y Santo Domingo, fueron inmatriculadas en esos años pero no a nombre de la diócesis, sino de la cofradía de La Palma y de la orden de los dominicos, respectivamente.

Todos estos datos ahora conocidos responden a la polémica surgida respecto a las inmatriculaciones de propiedades de la Iglesia en el Registro, y de cómo se ha venido articulando durante en ese período entre 1998 y 2015; porque antes de esa fecha quedaban exceptuados de inscripción en el Registro de la Propiedad los bienes destinados al culto católico (algo “inconstitucional al excluir a la Iglesia de los beneficios de la inscripción en relación a sus templos”, concluye el informe firmado por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales), y a partir del cambio de legislación de 1998 una de las vías posibles de registro permitidas era la simple certificación del diocesano (el obispo), lo que ha abierto la vía a determinadas polémicas sobre la legitima propiedad de determinados bienes.

No obstante, el informe presentado al Congreso el martes concluye “que las fincas inmatriculadas a favor de la Iglesia Católica mediante el procedimiento del artículo 206 contaban con el necesario título material a su favor”, lo que da solidez a esa inscripción que en el caso de la provincia afecta a 52 fincas y en Cádiz capital a nueve iglesias.