Los vecinos de la Segunda Aguada, el barrio más populoso de Cádiz, han manifestado a través de un comunicado su indignación por que la Junta de Andalucía haya recurrido la regulación municipal que prohibe que se instalen casas de apuestas a menos de 500 metros de centros educativos, deportivos y culturales.

La Consejería de Hacienda, la patronal andaluza del juego y un particular a quien se le denegó una licencia para este tipo de establecimientos han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de Pleno del pasado mes de septiembre.

“Tras conocer la decisión de la Junta de Andalucía de recurrir esta medida no podemos sino mostrar nuestra más profunda indignación. Es difícilmente entendible que la Junta de Andalucía, en lugar de proteger la salud y defender el bienestar de nuestros vecinos, decida tomar medidas para permitir que las casas de apuestas se instalen en las proximidades de colegios e institutos”, dicen desde la Asociación de Vecinos de Segunda Aguada.

“Segunda Aguada, al ser un barrio de clase trabajadora y con la densidad de población más alta de toda Andalucía, parece reunir las características perfectas para este tipo de negocio, provocando con ello que las multinacionales de las apuestas hayan puesto su foco en nosotros”, afirman. “Si se lo permiten, se instalarán cerca de los centros educativos del barrio, porque nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros jóvenes vecinos para ellos no son más que clientes potenciales, en un país que recordemos se encuentra a la cabeza de Europa en cuanto a ludopatía de adolescentes y jóvenes”, aseguran.

“En nuestro barrio existía un salón de juego y apuestas”, explican. “Frente a este, en el mes de septiembre y antes que se aprobara el PGOU, se abrió otro y a unos 100 metros de estos dos se acondicionaba un tercer local que finalmente no llegó a abrirse por problemas burocráticos. Con la decisión de la Junta de Andalucía podrán instalarse sin inconveniente cuantas casas de juegos y apuestas lo deseen, lo que nos parece una barbaridad”.

“Resulta significativo que estos locales se encuentren situados cerca del Centro de Enseñanza San Francisco de Asís, del Instituto Rafael Alberti y del Colegio Juan Carlos Aragón”, lamentan desde la asociación vecinal. “Parecen tener claro que los jóvenes y adolescentes son el colectivo que tiene mayor riesgo de caer en las redes de la ludopatía, que causa todo tipo de problemas sanitarios, familiares y económicos. Y ahora que se les da carta blanca, las consecuencias pueden ser desastrosas”, concluyen.

“No sabemos los intereses que puede haber detrás de esta decisión, pero si algo tenemos claro es que la salud y el bienestar de nuestros vecinos valen más que ningún recurso ni que ningún PGOU, y que no vamos a permitir de ningún modo que se juegue con la salud de los vecinos de Segunda Aguada”, avanzan.

“Si hace unos meses nos movilizábamos para evitar la eliminación de líneas escolares en el instituto del barrio, ahora que pretenden que las casas de apuestas se lucren a costa de nuestros jóvenes y sus familias, nos volverán a encontrar enfrente porque no podemos permanecer impasibles”, advierten.

“Porque nuestro barrio necesita equipamientos e infraestructuras, pero lo que no necesita son más casas de juegos y apuestas. Se hace vital disponer, por ejemplo, de algo tan básico como un centro de salud para los más de 12.000 vecinos que aquí vivimos. O invertir en los centros educativos del barrio para que puedan nuestros jóvenes seguir teniendo una educación de calidad”, reivindican.

“También necesitamos equipamientos deportivos públicos en los que, especialmente los jóvenes, puedan socializarse y practicar un ocio saludable”, añaden. “Se nos ocurren muchas iniciativas que la Junta de Andalucía debería valorar en lugar de dedicarse a ejercer de abogados de las multinacionales de las apuestas que poco aportan al barrio salvo la multitud de problemas que ocasionan”.

Desde la Asociación de Vecinos de Segunda Aguada sostienen que “nuestra única apuesta es por un modelo de barrio donde se promuevan valores éticos, un barrio digno donde prime la convivencia vecinal, los derechos y la salud de los vecinos, donde tengan a su disposición los recursos e instalaciones que se merecen, un barrio donde no tiene cabida un modelo de negocio que atenta contra la salud y el bienestar de la población”.