La Junta de Andalucía ha remitido a la asociación de consumidores Facua varias notificaciones en las que les ordena el desalojo de la sede que este colectivo tiene en la Barriada de La Paz desde hace 36 años.

Según Facua, la Junta fundamenta su orden en la necesidad de acometerse una serie de obras en la finca en la que se ubica dicha sede y, por otra parte, en la ausencia, según la el Gobierno autonómico de un título que acredite la cesión del uso del local.

En efecto, el local es propiedad de la Junta, que desde 1983 ha permitido a la asociación su uso para el desarrollo de la actividad en defensa de los consumidores, “muchas de las cuales han contado incluso con el apoyo económico de los sucesivos gobiernos, incluido el actual”, según aclara Facua en una nota informativa.

La asociación considera que detrás de esta actuación llevada a cabo por parte de la Junta de Andalucía existe una “represalia” y anuncia que no va a acatar la decisión de abandonar su sede de La Paz. Además, Facua estudia emprender acciones legales y afirma que va a iniciar una campaña de movilización para denunciar lo que ellos califican “un ataque del Gobierno autonómico, con el que intenta restar capacidad de actuación a una organización que le resulta molesta por las críticas a determinadas políticas llevadas a cabo desde la Junta”.

Facua va a más y recuerda en su nota la amenaza del primer Gobierno de Rajoy a Facua, que habló de ilegalizar la asociación “por criticar la subida del IVA y los recortes en la educación y la sanidad pública”.

En cuanto a las obras en la finca que aloja la sede, Facua recuerda que éstas no han sido promovida por el Gobierno autonómico, sino por la comunidad de propietarios y que ellos no se niegan a dichas obras “siempre que quede acreditada su necesidad y sin que ello suponga, en ningún caso, el desalojo definitivo de la sede”.

Este periódico ha consultado esta denuncia con la Junta de Andalucía, que afirma que considera que Facua ocupa “sin ningún título jurídico ni autorización ese local”.

En 2015 el Ayuntamiento de Cádiz requirió la ejecución de una obra de remodelación del edificio en el que se aloja la sede de Facua a la comunidad de propietarios por motivos de seguridad, según la Junta.

Así mismo, desde la Administración autonómica reconocen la existencia de varios requerimientos a Facua para que desalojen las instalaciones.

“Ante la negativa de Facua a abandonar el local, se tramita un procedimiento de desalojo por parte de la Junta que, actualmente, está en los Juzgados por la permanente negativa de Facua a abandonar las instalaciones”.

Facua considera “sorprendente y ridículo” que, después de 36 años, la Junta diga que la asociación carece de título legal que acredite la cesión del uso del local.