La Junta de Andalucía recupera la titularidad de seis edificios en Cádiz

La Junta de Andalucía ya es titular de los seis inmuebles que hace más de una década vendió a un fondo de inversión pero que desde entonces seguía ocupando mediante un alquiler fruto del acuerdo alcanzado en aquella operación.

La recuperación de la titularidad que ya anunció hace unos meses el gobierno autonómico se ha completado con la firma en notaría de esta recompra de la media docena de edificios. En concreto, se trata de las sedes de la Delegación del Gobierno en Cádiz (en Plaza de España 19), de la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Universidad, Investigación e Innovación (en calle Isabel la Católica, 8); del Instituto Andaluz de la Mujer (también en Isabel La Católica, pero en el número 13); de la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte (Cánovas del Castillo, 35); el de la Agencia AGAPA y delegación territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (en Plaza de la Constitución 3); y de la delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP (en el número 18 de la Plaza de Mina).

Estos seis edificios formaban parte de un total de 70 que fueron vendidos en toda Andalucía a la empresa Inversiones Holmes (filial del fondo de inversión WP Carey) por el anterior gobierno socialista al frente de la Junta, en una operación de sale & lease back por la que recibió entonces 300 millones de euros y se comprometió a realquilarlos por un periodo inicial de 20 años. De ellos, además de los 6 de la capital había uno en Jerez (en la Alameda Cristina) y otro en Algeciras (en la calle Regino Martínez), que ya han vuelto también a manos de la administración andaluza.

Esta operación "resultó ruinosa para los intereses de Andalucía, al despatrimonializar a la administración autonómica y generar una deuda de por vida", consideran en el actual gobierno andaluz, que explica que la Junta "vendió los edificios por 300 millones y se obligó a pagar al comprador en 20 años al menos 707,8 millones". "Casi dos veces y media lo que había recibido por vender los edificios. Y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría sin duda los 40 millones de euros cada año", añaden fuentes del gobierno de Moreno Bonilla.

Con el regreso de los inmuebles a manos de la administración andaluza, aseguran que se abordan dos problemas. De un lado, se logra reducir "de forma drástica el coste de los alquileres que paga la Junta cada año y que ascendían hasta ahora, en conjunto, a casi 60 millones de euros", siendo el 60% de esos alquileres los concernientes a estos 70 edificios vendidos en 2014. Y de otro lado, acaba con el problema que se generaría a partir de 2034, cuando acababa el contrato de alquiler con ese fondo de inversión, quedando en una absoluta incertidumbre lo que ocurriría con esas sedes "en las que trabajan alrededor de 8.600 empleados públicos, en muchos casos en servicios de atención al público".

Esta operación ya formalizada "ha sido posible gracias al saneamiento previo de las finanzas que ha llevado a cabo estos años la Junta de Andalucía y se podrá amortizar en menos de diez años", según ha querido destacar la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.