El concejal del PP y presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz (EC), José Blas Fernández, negó ayer, en declaraciones a este periódico, que tuviese ningún tipo de interés particular en el encargo de un informe jurídico al bufete de abogados Cuatrecasas sobre la viabilidad de que el organismo que encabeza financie el bono social de EC.

"Necesitaba ese informe y pregunté al gerente de EC, a la sazón secretario de la Fundación, cuál era el bufete de referencia. Y, como en otras ocasiones, se encargó a Cuatrecasas, un despacho de mucho prestigio en el que no tengo ningún interés particular", aseguró el edil popular.

José Blas Fernández matiza que el informe de Cuatrecasas "no costó 14.000 euros, tal y como dicen, sino 10.000 más el IVA, lo mismo que costó el encargado por el presidente de EC y teniente de alcalde, David Navarro, a Prat Rubi Advocats sobre la posibilidad de que EC pudiese poner en marcha un bono social eléctrico local".

El concejal popular asegura haber pedido al consejo de administración de la empresa mixta que le responda por escrito a la pregunta de cuántos dictámenes jurídicos han solicitado y cuánto han costado, con especial atención a los pedidos a Cuatrecasas.

"No he hecho ni más ni menos que lo que debía de hacer como presidente de la Fundación, porque lo que se me propone puede ser ilícito. Y ahí está la resolución de los abogados, que me instan a que pregunte a la Dirección General de Tributos (DGT) si es legal que la Fundación desembolse 2,4 millones de euros en cuatro años en las cuentas de la comercializadora para la financiación del bono local", añadió.

El equipo de Gobierno y los colectivos sociales defensores del bono de EC acusan a José Blas Fernández de mantener bloqueada la ayuda local por negarse a firmar los convenios necesarios para su financiación. "Si la DGT me dice que se puede, yo firmo mañana mismo esos convenios", dijo.