Identificadas 21 víctimas de Luis y Ana, pero sigue la investigación

Eran estafadores hasta lo "enfermizo" y tenían una capacidad fuera de la común de "liar a la gente, de mentirles y de incluso creerse sus propias mentiras". Este es el retrato que un responsable policial hace del carácter de Luis Manuel G.R., de 33 años de edad, y Ana S.G., de 34, los dos gaditanos detenidos y enviados a prisión este fin de semana, por ser los supuestos autores de una gran estafa consistente en ventas inmobiliarias fraudulentas. De momento, la Policía ha identificado a 21 perjudicados, pero sigue investigando entre una lista de más de 300 potenciales clientes.

El Grupo de UDYCO III especializado en la investigación de delitos económicos y relacionados con las nuevas tecnologías, de la Brigada Provincial de Policía Judicial, informó ayer de la llamada 'Operación Burbuja Inmobiliaria' en una nota que confirma lo ya adelantado el pasado sábado por este diario. Según la Policía, entre los 21 perjudicados, 18 habrían entregado en total más de 150.000 euros como señal de reserva de pisos, mediante engaño, pero se desconoce el número total de afectados y el dinero total entregado.

Además, a los dos encarcelados, que fueron enviados a prisión el domingo por la tarde bajo una fianza de 70.000 euros para cada uno de ellos, se les investiga "por su presunta implicación en la tramitación de distintos préstamos hipotecarios y otros tipos de productos financieros en diversas entidades bancarias, por lo podrían haber dispuesto de cantidades superiores a 1.300.000 euros", según la nota de la Policía, extensa e inusualmente prolija en detalles.

La 'Operación Burbuja Inmobiliaria' ha sido rápida. Se inició hace un mes y de una manera un tanto casual, ya que un agente de la Brigada tuvo conocimiento de una sospechosa operación de venta de pisos. Y tan sospechosa. Tras contactar con la inmobiliaria, admiten haber intermediado en la preventa de la unifamiliar situada en la Urbanización La Almadraba, 17 de Chiclana por el que su cliente había pagado 7.000 euros de fianza a Luis Manuel G.R., propietario de la mitad de la casa y que seguía ofertándola por internet a pesar de ello. Estudiando el contrato afloraron más sospechas: evidente bajo precio de venta, largo plazo para la firma ante notario, la alta señal fijada, divergencias entre la titularidad y la nota simple y sobre todo, una alta carga hipotecaria, que superaba el doble del precio de venta.

La investigación da como resultado el hallazgo de un segundo interesado en comprar la casa, que afortunadamente para él no llegó a formalizar y otro dato llamativo: el propietario de la otra mitad de la casa (que resulta ser la ex mujer de Luis) no sabía que estaba en venta.

En ese momento, empieza a tomar importancia la figura de Ana S.G., conocida por todos como 'Ana la dueña de dos clínicas dentales', que primero aparecía como un personaje secundario. De secundario nada, ella se encargaba de apremiar a los clientes para la entrega del dinero de la señal. En otro caso, se dio buenas mañas para inventarse una excusa cuando fueron sorprendidos por uno de los perjudicados, que ya había dado dinero, intentando vender la unifamiliar a otros "clientes-víctimas". Les dijo que en realidad estaban vendiendo otra casa de un familiar de Luis, en la misma urbanización.

La UDYCO III actuó rápidamente puesto que esas personas seguían ofertando sus pisos por internet. Se llamó a declarar a la única persona de la que constaba que había pagado una señal, y que dijo que cada vez era más difícil localizar a Luis, aunque todavía pensaba que la operación se iba a realizar. Al mismo tiempo, se iniciaron las gestiones para detener a los dos estafadores, lo que se hizo el jueves en las inmediaciones del domicilio de Luis, en la calle Granja de San Ildefonso de Cádiz. Al mismo tiempo, se identificó a una segunda perjudicada que había entregado 12.000 euros, y se constató que eran los dos los que participaban en los delitos.

Entonces, la Policía pensaba aún que la lista de perjudicados sería corta, puesto que los sospechosos eran personas identificadas, una de las víctimas llevaba más de un año intentando recuperar el dinero, y lo más llamativo, nadie había denunciado nada. Pero entre los efectos intervenidos en la detención, incluyendo 915 euros y un gran número de juegos de llaves, apareció un cuaderno con un listado de más de 300 teléfonos con comentarios que hacían sospechar que fueran compradores-perjudicados.

De momento se identificaron otros 15 perjudicados. Después de registrar tres viviendas en Cádiz y una en Chiclana se encontró numerosa documentación, material informático y 3.200 euros en efectivo. Se intervino también un vehículo Audi que usaba de manera habitual Luis Manuel. Ambos aparentaban una gran solvencia económica, tenían tres pisos en Barrié 27, dos en Torre 39 y un local en San José. Luis Manuel otros dos en La Barrosa, otro en Cádiz y uno en Benaocaz. Pero la agencia acabó cerrada con el alquiler sin pagar, una de las clínicas dentales se clausuró en verano al rescindir el contrato el arrendador, y la otra cerró 10 días antes de las detenciones.

Aparte, la Policía mantiene abierta una investigación sobre varios préstamos hipotecarios por 1.300.000 euros, mediante los que se obtuvo la titularidad de parte de los inmuebles que después se ofertaría a los compradores. En tres de ellos hay indicios de que fueron pedidos con el ánimo de no pagarlos, siendo tres las entidades financieras perjudicadas, y posiblemente un particular.