La empresa Olivia Petroleum, que opera en una gran parte en el recinto fiscal de la Zona Franca de Cádiz y en el muelle del Bajo de la Cabezuela se enfrenta a una reclamación de la Agencia Tributaria (AEAT) por un presunto fraude de 40,3 millones de euros por impago del IVA en su actividad con los hidrocarburos. En este caso, la Agencia Tributaria remitió la pasada semana a la Fiscalía un informe completo en el que se describe toda la trama que entiende que ha urdido esta empresa para defraudar a Hacienda.

Asimismo, la Agencia Tributaria ha dictado una serie de medidas cautelares, algunas de las cuales ya estaban desde el año pasado cuando se realizaron los registros en las sedes de esta empresa tanto en Cádiz como en Madrid. Ahora estas medidas se van a mantener hasta que se produzca una resolución judicial en este caso.

En el informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso este periódico, se explica de manera clara las razones por las que se deben realizar estas medidas cautelares, que entre otras son el embargo de los saldo de las cuentas bancarias, fondos de inversión y otros. El año pasado incluso se llegó a embargar el combustible pero hubo cinco acuerdos de sustitución por el importe del carburante en su valor de mercado y que ascendió a 2,1 millones de euros.

Uno de los requisitos para proceder al mismo es la existencia de indicios racionales de que dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado.

Aquí el informe de la Agencia Tributaria es claro: “Se deduce la existencia de un riesgo objetivo, es decir, la existencia de determinados datos que ponen de manifiesto la falta de capacidad y/o liquidez”.Así, en lo que respecta a su capacidad patrimonial, aunque su patrimonio neto declarado en 2021 (17.084.131,20 euros) aumenta con respecto al declarado en 2020 (8.421.002,07 euros), “resulta insuficiente para poder hacer frente a la deuda estimada como defraudada”,que hay que recordar que es de 40,3 millones.

Respecto a la capacidad de Olivia Petroleum para generar ingresos para hacer frente a la futura deuda que se puede exigir en el procedimiento penal, se señala que el volumen de operaciones actual asciende a 99 millones de euros a mayo de 2023. La Agencia Tributaria observa que ha habido una disminución bastante importante de la facturación que hubo en 2021, que fue de 843 millones a los 466 de 2022 y los 99 que van en lo que se ha cumplido de 2023.

Tampoco las cuentas y los activos financieros dan para poder saldar la deuda, según lo que aparece en el informe de la AEAT.

Además de los riesgos objetivos, también habla de otros subjetivos, “una serie de hechos que permiten establecer indicios racionales de que el cobro de la deuda pueda verse frustrado o dificultado”.

En este caso la AEAT se refiere a los hechos que se refieren en el informe de la organización creada entre Olivia Petroleum y las sociedades interpuestas “fue utilizada para obtener un ahorro fiscal, minorando las cuotas devengadas por estas últimas mediante la aplicación de cuotas deducibles ficticias y/o inventadas, y distribuyendo los beneficios obtenidos en inversiones difíciles de trazar por las autoridades fiscales”. Para ello asegura que “las transfirieron a cuentas en el extranjero, realizado transferencias a sociedades y/o personas físicas por servicios nunca prestados o no declarantes, lo que constituye una manifestación inequívoca del conocimiento y voluntad de defraudar”. A juicio de la AEAT, esta estructura repetida en el tiempo, cambiando nombres, sociedades pero que, de forma continuada, van reiterando la conducta defraudatoria”.

A ello se le une las sospechas de la Agencia Tributaria en cuanto a los testaferros y que hay “sustanciales discrepancias entre los administradores de derecho y los de hecho encargados de la toma de decisiones en las entidades y que resultan beneficiarios de la operativa defraudatoria”.

Cabe recordar que aparece como socio único una empresa radicada en Chipre y con matriz en Gibraltar que no tiene actividad económica real, ni contenido, ni trabajadores. También del administrador único, un ciudadano británico del que dice que no participa en la toma de decisiones.

Por todo ello, tienen claro que, analizado todo lo anterior en su conjunto, en caso de no adoptar medidas cautelares el cobro de la deuda por el presunto fraude sería muy complicada de cobrar porque previamente han mostrado un comportamiento “que evidencia su intención de no atender a sus obligaciones tributarias”. Asimismo, debido al importe del pago al que tiene que hacer frente y al que habría que sumarle una multa, “pueden realizar actuaciones de disposición o establecimiento de cargas sobre su patrimonio que podrían dificultar y poner en riesgo el cobro de las mismas”.