El juez que dirige la investigación por la intoxicación masiva que sufrieron más de un centenar de personas en Cádiz durante los Carnavales de 2016 por la ingesta de tortilla en mal estado del bar Grimaldi -tras la cual falleció un joven con patologías previas- ha llamado a declarar en calidad de investigado al dueño de la granja que abasteció de huevos al restaurante para esclarecer su supuesta participación en los delitos de homicidio imprudente y contra la salud pública.

El juez instructor, el magistrado Miguel Ángel López Marchena, ha tomado esta decisión después de hacerse público el informe de la Sección Alimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía en el que se hace constar que el propietario de la explotación avícola no realizó los "autocontroles de salmonela" preceptivos en sus gallinas, razón por la que la administración le impuso una sanción de 600 euros y le ordenó sacrificar todos los ejemplares, 2.490 en total.

Ese mismo informe, ratificado recientemente en sede judicial por el inspector veterinario que lo realizó, también refleja que, a partir de los análisis practicados a las aves ponedoras de esta nave, se detectó la presencia de "salmonela entérica" en las gallinas. 

López Marchena, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, expone en su auto que "ha podido existir por parte del propietario de la explotación un incumplimiento de las medidas de autocontrol que han podido contribuir al resultado que se produjo, sin perjuicio de la eventual responsabilidad que se investiga en la causa del dueño del establecimiento". 

El responsable de la explotación ganadera que suministró huevos al Grimaldi declarará el próximo 17 diciembre junto a más de una quincena de gerentes de otros bares y establecimientos de la provincia a los que también abasteció el granjero.

Según fuentes consultadas por este medio, la granja implicada en este caso ya no está en funcionamiento.