El Ministerio de Fomento ha desestimado la suspensión cautelar que había solicitado Indanspo, la propietaria de los terrenos de Delphi en los que el Cádiz C.F. tiene prevista un proyecto de ciudad deportiva asociada a la salud. 

Indanspo había presentado un recurso de reposición contra la declaración por parte del Ministerio de Fomento del 14 de marzo de este año por la que se aprueba la modificación sustancial puntual de la delimitación de espacios y usos portuarios para los terrenos de Delphi. En ese escrito se solicitaba una suspensión cautelar de esa declaración para que no pudieran hacer más trámites mientras que daba un dictamen sobre el fondo del recurso presentado por Indanspo. De este modo, lo que ha hecho Fomento es desestimar esa suspensión cautelar, pero en ningún caso ha entrado en el fondo del recurso, que será algo sobre lo que se tendrá que pronunciar próximamente.

Esta resolución ya se ha comunicado a las partes. Fuentes de Mar Oceana, que es la sociedad gestora del fondo de inversión que financiará el proyecto del Cádiz C.F., han asegurado a este periódico que se ha decidido no recurrir esta resolución del Ministerio de Fomento pero avisan que si no se les contesta la recurso sobre el fondo de aquí a una semana, sí se llevará el contenido del recurso de reposición ante la Audiencia Nacional.

Cabe recordar que la declaración de los usos portuarios para los terrenos de Delphi permite a la Autoridad Portuaria que pueda iniciar un trámite de expropiación contra la propiedad al ser de utilidad pública. Esto llevaría un largo proceso que terminaría con un justiprecio que determinaría el precio para pagar por unos terrenos que la Autoridad Portuaria defiende que son necesarios para intermodalidad y almacenaje en el futuro.

Indanspo compró los terrenos de Delphi en una subasta impulsada por el administrador concursal por un valor de 2.750.000 euros. Por otra parte, esta sociedad abonó  el IBI que se le adeudaba al Ayuntamiento de Puerto Real por 1,8 millones de euros pero fuera del precio pagado en la subasta por los terrenos.

El recurso que presentó Indanspo, la sociedad que se creó para adquirir los terrenos, se centraba sobre todo en enumerar una serie de razones por las que consideraba que la declaración de utilidad pública no debía producirse porque la Autoridad Portuaria, entre otras cosas, tenía espacios libres sin ocupar para los graneles en La Cabezuela. A ello se le unían una serie de cifras con respecto al tráfico y consideraba también que los cálculos de tráficos realizados por la Autoridad Portuaria estaban muy por encima de lo real.

Entre otras cuestiones, también criticaba que desde el ente portuario se había utilizado esta declaración como amenaza para ahuyentar a posibles compradores de los terrenos y también que se hacía con el objetivo de obtener los terrenos al menor precio posible, tras haber rechazado la administración concursal a las ofertas presentadas por la Autoridad Portuaria.