Cádiz C.F.

Los terrenos de Delphi: "O me vendes por el precio que te ofrezco, o te expropio"

  • Indanspo relata en sus alegaciones para los terrenos de Delphi las presiones que ha ejercido la Autoridad Portuaria con la DEUP para “interferir” en el dinero a pagar por el suelo

  • Asegura que ha utilizado la amenaza de esta figura legal previa a la expropiación "con un uso arbitrario e injustificado como mecanismo coercitivo"

Imagen del edificio de Delphi con el cartel que anuncia el proyecto del Cádiz C.F.

Imagen del edificio de Delphi con el cartel que anuncia el proyecto del Cádiz C.F. / Julio González

“O me vendes por el precio que te ofrezco, o te expropio”. Con esta frase coloquial trataba de reflejar la sociedad Indanspo, la propietaria de los terrenos de Delphi y que va de la mano en el proyecto de la ciudad deportiva con el Cádiz C.F., la actitud de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en el recurso de reposición que ha presentado a la orden ministerial por la que se producía la modificación sustancial de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) y que abría la puerta a una posible expropiación futura del suelo.

En esta alegación, a la que ha tenido acceso este periódico, se dice que el expediente de la DEUP “se ha utilizado como un mecanismo para interferir sobre el precio de los terrenos y, también, se ha mostrado como una herramienta útil para tratar de disuadir otros posibles adquirentes de las fincas”.

Indanspo ha pedido la anulación del acto administrativo llevado a cabo por el Estado porque entre otras cosas, la Autoridad Portuaria no ha llegado a justificar la necesidad de incorporar los terrenos de Delphi al Puerto. De hecho, en el documento se recuerda que el Tribunal Supremo ya sentenció en el año 2017 que no existía la necesidad de ampliar la zona logística del Puerto y, menos aún, de incrementar la dotación de depósitos de graneles sólidos y líquidos.

Entre las referencias que utiliza en sus alegaciones, esta sociedad refleja un informe realizado por la Dirección General de las Costas y del Mar del 13 de mayo de 2021, que para ello existe espacio disponible, de titularidad portuaria, en la Cabezuela, “en concreto ocho parcelas”.

También se considera que se vulnera el principio de intervención mínima, es decir, aquel que argumenta que la Administración “únicamente puede acudir a la figura de la expropiación cuando sea estrictamente necesario”. En este sentido creen que si existen otros terrenos que ya son de titularidad portuaria, “no procede expropiar”.

Otra de las fallas que existe en el expediente de la DEUP, a juicio de los alegantes, es que falta una evaluación de impacto medioambiental.

Y vuelve a insistir que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha utilizado la DEUP “como un método coactivo para influir en la compra de los terrenos”. En este sentido asevera que desde el principio en el año 2017, la APBC utilizó esta figura “como un instrumento coadyuvante de sus pretensiones de compra de los terrenos, esgrimiendo su existencia en la negociación con la administración concursal con objeto de reducir el precio de venta e, incluso, de los posibles adjudicatarios”. Así, afirma que siempre que la APBC ha mostrado interés por hacerse con los terrenos “ha iniciado, en paralelo, el proceso que habría de culminar con la expropiación” del suelo.

En la alegación, Indanspo relata la manera de actuar de la Autoridad Portuaria a la hora de presentar las ofertas a la administración concursal y lo que, a su juicio, es “un uso arbitrario e injustificado como mecanismo coercitivo para doblegar la voluntad de la administración concursal y de los posibles adquirentes de los terrenos”. De este modo, asegura que “nunca ha existido una necesidad de utilidad pública que justificase la incorporación de los terrenos;desde el Puerto se ha acudido al instrumento de la delimitación de espacios como un mecanismo coactivo que esgrimir ante la administración concursal y ante los posibles  adquirentes de las fincas con el objetivo, nada disimulado, de adquirirlas por un precio muy inferior a su valor real”.

Otras ofertas

Recuerda que en julio de 2017 presentó una oferta de 2,8 millones de euros sin hacerse cargo del IBI pendiente ni otras deudas. En abril de 2018 inició su primer intento de expediente de DEUP. Tras retirar éste y la oferta, volvió a intentarlo en septiembre de 2019 y en diciembre puso en marcha otro expediente para expropiar los terrenos. Sin embargo,  ya habían sido vendido a Ebión por 6.540.000 euros, pero no llegó a formalizar el contrato.

Después se relanzó el proceso de enajenación y la mejor oferta fue la presentada por Rodríguez Normand S.L, por 6,7 millones más la asunción de las deudas. Indanspo afirma que la APBC ha enviado escritos a la administración concursal y al Juzgado de lo Mercantil para comunicar el proceso de la DEUP y se llegaron a reunir con “Rodríguez Normand para que retirara su oferta”. En este caso señala que “cuando ve que el precio de adquisición es superior a lo que está dispuesto a abonar, pone en marcha de manera paralela otro destinado a expropiar los bienes”.

Otro de los objetivos que persigue esta alegación es la de la revocación de la orden ministerial “por la desaparición de la utilidad pública del proyecto de la Autoridad Portuaria”. 

En este sentido, se asegura que el proyecto para el almacenaje para graneles sólidos y líquidos se basa en unas proyecciones que no son reales. Actualmente Cádiz ocupa los puestos 16 y 17 de todos los puertos españoles en cuanto a los graneles sólidos y líquidos pero sin embargo, está entre los primeros en cuanto a lugar para almacenaje.

También en lo que se refiere a zona logística, la proporción de lo que dice que es necesario en Cádiz con el tráfico que tiene es mucho mayor que puertos gigantes como los de Rotterdam y Hamburgo.

La construcción de unos almacenes de graneles sólidos y líquidos “no aporta utilidad ni interés más allá de atender a unas supuestas necesidades del Puerto que no son reales. A cambio se originan perjuicios muy tangibles en una zona especialmente muy deprimida en la Bahía, aislándola y segmentando aún más el tejido social, sin contar con los problemas de contaminación que conlleva este tipo de instalaciones”. Por contra el proyecto del Cádiz C.F. “tiende a vertebrar la zona, permitiendo su permeabilidad y dándole impulso económico”.

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