La Fiscalía abre sólo diligencias informativas sobre la crisis del agua

Cuando el pasado miércoles 9 el presidente de Aguas de Cádiz y concejal de Personal y Medio Ambiente del Ayuntamiento gaditano, Manuel González Bauza, compareció a las puertas de la Audiencia Provincial antes de entregar a la Fiscalía el informe técnico sobre las causas del incidente que dejó sin agua al barrio de Loreto durante 13 días en octubre de 2014, la judicialización de este asunto se materializaba como un movimiento importante dentro del tablero político de la ciudad. Las conclusiones que señalaban la ocultación de información de los antiguos gestores de la empresa municipal a las autoridades sanitarias y las acusaciones del alcalde, José María González, de haberse permitido "a sabiendas" el consumo de "agua contaminada" en esta zona de extramuros provocó que la bronca entre el anterior y el nuevo equipo de Gobierno subiera varios decibelios.

Sin embargo, ahora la disputa está en la sede judicial. La Fiscalía Provincial de Cádiz ha abierto diligencias informativas para estudiar todo lo que se recoge en el trabajo elaborado por los técnicos de Aguas de Cádiz, que cuenta con la rúbrica de su actual gerente, Jesús Oliden. A partir de las pesquisas, se determinará si es necesario que se realice algún tipo de actuación o si este asunto se cierra.

A pesar de la apertura de este procedimiento, desde la Fiscalía sí se recalcó que "no se ha incoado diligencias de investigación penal". La motivación de esta afirmación se encuentra en que "no se ha presentado una denuncia, sino la comunicación de que han investigado en una comisión municipal las causas del incidente, así cómo actuaron entonces la empresa y sus técnicos".

Asimismo, otro de los aspectos que la Fiscalía resaltó a partir de la entrega del estudio realizado por la empresa municipal de agua es que no se ha presentado una denuncia de los hechos, lo que supone un tirón de orejas a las actuaciones realizadas desde San Juan de Dios en las últimas jornadas. Un dossier que tiene en su poder desde la pasada semana en el que "no imputan ni describen un delito, no hablan de ningún artículo del Código Penal, no piden que declare nadie y no piden que realicemos diligencias de prueba". De hecho, recalcó que la única petición realizada desde el Consistorio y Aguas de Cádiz es "que apreciemos si hay infracción normativa".

Unas consideraciones hechas por la Fiscalía que no se alejan en nada de las declaraciones que han realizado desde la presentación pública del trabajo tanto el regidor municipal, José María González, como el presidente de la entidad pública, Manuel González Bauza. Ambos se han encargado de asegurar en las diferentes comparecencias que han protagonizado durante estos días atrás que sería en sede judicial donde se debía determinar si los antiguos responsables municipales y de la empresa habían cometido algún delito en la gestión de este incidente.

Tras conocerse en la mañana de ayer la postura que había tomado la Fiscalía para seguir adelante con la investigación, de momento encaminada solo a conocer los entresijos del estudio, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz emitió un comunicado para señalar que "si para investigar la actuación de Aguas de Cádiz en el incidente que desembocó en el corte de agua en el barrio de Loreto necesita un escrito de acusación, lo presentaremos".

Un paso adelante ante el tropiezo con la Fiscalía por las diferencias entre las partes en los formalismos judiciales y la manera con la que se tiene que proceder a la hora de llevar ante la Justicia unos hechos como los que se pretenden analizar. Más si cabe cuando los discursos de González Santos y González Bauza han estado muy medidos -aunque con algún exceso más duro- para no salirse del guion por las posibles implicaciones legales que este caso pudiera tener posteriormente a partir de lo que la Justicia determine.

De hecho, en el comunicado enviado por el Consistorio se argumentó que la intención de trasladarle el informe era para que ésta estudiara si pudo existir la comisión de algún tipo de delito desde que se denunció la presencia de malos olores en el agua en la plaza de la Fuente el 29 de septiembre hasta que se restableció el suministro el 25 de octubre.

Por cómo se desarrollaron los acontecimientos durante el día de ayer, la relación entre estas dos partes no parece del todo fluida, ya que el equipo de Gobierno municipal se mostró "sorprendido" por no haberse puesto en contacto la Fiscalía con el Ayuntamiento para explicarle cómo estaba el proceso desde que recibió de sus manos el informe realizado por Aguas de Cádiz y tener que enterarse de las nuevas noticias a través de los medios de comunicación.

La otra parte afectada por los movimientos judiciales es el Grupo Municipal Popular al ostentar la responsabilidad política de todas las labores que se hicieron en Loreto al haber estado al frente de los designios de la ciudad. Desde el PP gaditano declinaron el ofrecimiento de este medio a realizar declaraciones para mostrar su postura sobre las acciones que está llevando a cabo la Fiscalía y la posición tomada por el actual equipo de Gobierno. De hecho, se mantienen en los pronunciamientos realizados desde que se conociera públicamente el resultado del estudio.

Con todo, tras la decisión de la Fiscalía de no iniciar diligencias penales en este momento, poco a poco se deberán ir encajando las piezas en este asunto. Sobre todo si el Ayuntamiento presenta un escrito de acusación, ya que Podemos podría señalar directamente a las personas que considera responsables de este incidente, aunque ya Bauza se encargó de apuntar a Ignacio Romaní por haber ocupado el cargo de presidente de Aguas de Cádiz.

De por medio está el desarrollo de la Comisión Informativa de Sostenibilidad, en la que se está tratando la responsabilidad política en este asunto. Aquí, tras las acusaciones del PP a Aguas de Cádiz y al Gobierno local por no haber contado para la elaboración del estudio con los técnicos que trabajaron en Loreto durante esos días ni con el anterior gerente, Juan Miguel Núñez. Por ello, se está a la espera de la presentación de los informes encargados a estas personas para sumar otra pieza a este puzzle.