El próximo jueves 16 de noviembre, la comunidad universitaria de la UCA está llamada a elegir a la persona que encabezará la dirección de la institución durante los próximos seis años entre los dos candidatos que concurren a estos comicios: los catedráticos María Mosquera y Casimiro Mantell. Profesores, estudiantes y personal no docente tienen derecho a voto. Pero no todos los sufragios de los miembros de la comunidad universitaria valen lo mismo. El voto será ponderado por estamentos en los términos que dispone el artículo 55.2 de los Estatutos de la UCA. Términos que dependen exactamente de los porcentajes de representación en el Claustro Universitario, recogidos en el artículo 48 de los mismos estatutos. Así, el voto de profesores doctores con vinculación permanente a la universidad representa el 53%; el de profesores no doctores con vinculación permanente, un 5%; Personal Docente e Investigador sin vinculación permanente a la universidad (6%), estudiantes (28%) y Personal de Administración y Servicios [ahora llamado PTGAS], un 8%.

Diario de Cádiz ha preguntado a los representantes de cada uno de estos estamentos universitarios por las peticiones que han hecho llegar a cada uno de los candidatos, ya sea en los encuentros que han mantenido con ellos, en un documento por escrito, o de ambas maneras. Lo que sigue –más de un centenar de reclamaciones– es lo que espera la comunidad universitaria de la gestión del Rectorado en los próximos seis años:

Desde la Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la UCA (es decir, desde el órgano de representación de los profesores funcionarios) y desde las distintas formaciones sindicales que la componen dicen haber asistido a exposiciones y participado en reuniones y debates con los dos candidatos.“En ellos hemos podido manifestar nuestro interés en mejorar de manera global la universidad, en todos sus variados aspectos. Analizar la situación a corto y medio plazo de la plantilla y diseñar un plan de carrera académico. Abrir un proceso de debate y diálogo para elaborar un plan de dedicación acorde a las realidades del trabajo global que supone cada crédito docente y otras actividades docentes, de gestión e investigación”, explican. “Todas, de forma unánime, requerimos un rectorado que trabaje con transparencia, con talante negociador y no sólo negociador, sino con espíritu de consenso”, demandan.

Además, solicitan que “se rebaje el volumen de tareas burocráticas que a veces dificultan la dedicación a la actividad propia del PDI”. De igual forma, el colectivo requiere “recuperar nuestra presencia y voz en las comisiones de trabajo de la UCA que afectan a las condiciones laborales del personal, un plan claro de cómo acometer los futuros cambios provocados por la LOSU [Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario], la resolución de los reiterados problemas que sufre el PDI con procedimientos como DOCENTIA [el programa oficial de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UCA] y de las dificultades en tramitaciones con la plataforma WIDI [la aplicación de gestión de investigación, transferencia e innovación tecnológica]”.

“No solo nos preocupan aspectos docentes, de investigación o gestión. También requerimos del próximo rector o rectora de la UCA responsabilidad social y una mayor sensibilidad con la sociedad en la que estamos inmersos”, añaden. “Como entidad pública, la UCA debe responder ante la sociedad con políticas de control del gasto, pero manteniendo su compromiso con el servicio público de formación de calidad que ofrece a los ciudadanos, priorizando sus esfuerzos en la docencia e investigación dignificando a los colectivos docente e investigador y de gestión y administración”, sostienen. “Debemos aspirar entre todos a conseguir una universidad realmente solidaria y coherente con el papel social que desempeña”, insisten. “Un claro ejemplo son las políticas que deberá diseñar el nuevo equipo de gobierno para procurar que la tan recurrente conciliación familiar sea un hecho también para el personal docente e investigador UCA”, concluyen.

PDI laboral

Por su parte, el Comité de Empresa del PDI Laboral [órgano de representación de los profesores no funcionarios], que preside Tamara Rodríguez, también les han hecho llegar a los candidatos sus “reivindicaciones e inquietudes frente al panorama que nos depara y al que nos enfrentamos diariamente”. “Principalmente nos inquietan varios aspectos que conciernen al profesorado, como las modificaciones principales en la nueva LOSU respecto a la carrera académica y su correspondiente régimen transitorio”, señalan. “La LOSU dispone una nueva norma que rearticula el modelo de la carrera académica, cuyo propósito es desarrollar una trayectoria estable, predecible y con condiciones laborales dignas (disposición transitoria quinta)”, explican.

“Esta nueva ley ofrece numerosas disposiciones transitorias para adaptar las figuras preexistentes, pero serán las Universidades las responsables de acometer estas medidas. Una de las más alarmantes es el establecimiento de un límite del 8 % del total de la plantilla del PDI con contrato laboral temporal, para así acabar con la precariedad laboral académica e investigadora”, aclaran.

“Por ello, le hemos transmitido a los dos candidatos nuestra inquietud sobre cómo van a aplicar este porcentaje exigido por la LOSU, que supondrá una importante reducción de los contratos temporales suscritos actualmente”. También se les trasladó “la necesidad de no paralizar las contrataciones, para lo cual es necesario la formulación de unos nuevos baremos adaptados a la nueva ley, de forma que en esta etapa transitoria las contrataciones no se vean mermadas”, agregan.

A esto añaden que “desde hace tiempo las Universidades públicas están inmersas en la cultura de la transparencia, y este es uno de los puntos clave de la LOSU (Artículo 39). En la autonomía organizativa de las Universidades, éstas deben establecer en sus estatutos los mecanismos de rendición de cuentas, contar con un portal de transparencia y llevar a cabo una cultura de integridad, garantizando el derecho de acceso a la información. Sin embargo, actualmente el Comité de Empresa no tiene presencia en las comisiones de contratación, cosa que reivindicamos al nuevo equipo rectoral”, plantean.

Además, desde el Comité de Empresa han solicitado a los candidatos “el cumplimiento del artículo 19.3.b del Convenio Colectivo, que actualmente no se aplica en la UCA”. Dicho artículo “permite la conversión automática del Profesor Ayudante Doctor (PAD) a Profesor Contratado Doctor (PCD) al conseguir la acreditación de Profesor Titular (PTU). Desde hace años se realiza en otras universidades andaluzas, sin que ello genere ningún problema”.