La elección de referentes de las Cortes de Cádiz para preservarlos como lugares de nuestra memoria, no debería de quedarse en una placa. El Estado debería de implicarse de lleno en la financiación de la restauración integral que necesita el Monumento a las Cortes. Una vez se haga firme esta candidatura, la intención del equipo de gobierno de Bruno García es pedir al Estado su ayuda a esta obra, al igual que se va a pedir a la Junta.

Otra cuestión es conseguir del Obispado el retorno del Oratorio a la ruta de visita del Doce que comenzaba en el Centro de Interpretación. La proyección en el templo de la historia constitucional se paralizó por diferencias entre la Iglesia y la Junta en la etapa del PSOE, que no se han solventado aún con la llegada del PP al gobierno regional. Claro que para ello es necesario que este equipamiento de la Junta vuelva a funcionar, pues lleva años cerrados sin una explicación clara de sus causas. 

Al final, los fastos del Doce, tanto en 2010 en la Isla como dos años después en la capital, han quedado difuminados en el tiempo. En ninguna de las dos ciudades se ha sabido aprovechar el potencial cultural y turístico que supone ser cuna del constitucionalismo español.

Lo cierto es que el caso de Cádiz, ni el Estado ni el gobierno andaluz realizaron una apuesta decidido por las celebraciones de 2012, que solo se salvaron por el esfuerzo del Ayuntamiento de Cádiz, aunque a costa de incrementar la deuda municipal. Los compromisos de crear un Centro del Constitucionalismo, primero, y después un museo que recordase la fecha de 1812 nunca se cumplieron. Hoy Cádiz, y también La Isla, han perdido un recurso esencial en su modelo de ciudad cultural que la declaración de 'Lugar de la Memoria' no va más allá de una placa conmemorativa.