Derechos Humanos no se cree los planes de vivienda de la Junta y el Consistorio

El problema de la vivienda en la capital gaditana está más candente que nunca, avivado por la crisis económica. Tanto que el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos en Cádiz, Rafael Lara, hablaba ayer de una situación de "explosión social", como un giro de tuerca a la exclusión, al poner sobre la mesa "las dramáticas situaciones" que se están viviendo entre muchas familias. Los plenos municipales están sirviendo para que la desesperación de las personas sin recursos sea más visible, como pudo comprobarse el pasado lunes con el desalojo de dos personas con problemas de vivienda que reclamaron, a voz en grito, el derecho a contar con una casa. Precisamente para los tres partidos presentes en la corporación municipal y para las administraciones que gestionan, el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía, tuvo palabras críticas Rafael Lara, entendiendo que los planes de vivienda de estos dos organismos públicos, "incapacaces", no tienen "credibilidad para resolver estos problemas".

Derechos Humanos preparaba ayer un comunicado que presumiblemente emitirá hoy y en el que recogerá toda la dramática actualidad de la vivienda en Cádiz, desde el elevado número de pisos vacíos hasta los desahucios, pasando por la infravivienda y la imposibilidad de muchas familias de pagar los recibos de luz y agua. Al respecto, la Plataforma por el Derecho a una vivienda digna y contra la exclusión social de Cádiz, a la que pertenece Derechos Humanos, daba a conocer la semana pasada el manifiesto 'El derecho a la vivienda debe incluir los suministros esenciales como agua y luz', al que se ha adherido casi un centenar de asociaciones de la ciudad. "Pese a la representatividad de esta plataforma, aglutinando a muchos sectores de la ciudadanía, los políticos no han querido, todavía, escuchar nuestras reivindicaciones", lamentaba ayer Rafael Lara.

El portavoz de Derechos Humanos en Cádiz se refirió también al acuerdo plenario del pasado lunes por el que los tres partidos (Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida) acordaron que el Ayuntamiento pagará directamente a los arrendadores los alquileres de las personas sin recursos, reacios, en muchos casos, a alquilar en estas situaciones. Además, el Consistorio se compromete a realizar estos pagos antes de los días 5 de cada mes. Según Lara, esta iniciativa siendo "positiva" y otorgando "más seguridad a las personas afectadas", no es más "que una gota en un oceáno".

Rafael Lara se preguntaba además "cuáles serán los controles de estas ayudas, cómo se llevarán a la práctica o cómo se reglará su concesión para que los ciudadanos sepan a qué atenerse".

Insistió Lara en la "dramática" e "insostenible" situación que se vive en la ciudad "como pudo comprobarse en el pleno municipal del pasado lunes", cuando fueron desalojadas por la Policía Local las jóvenes Milagros Arzúa y Aysha Elmortada tras interrumpir la sesión reclamando a gritos soluciones a sus problemas.