La Ciudad de la Justicia de Córdoba como modelo para la de Cádiz

"Me gustaría que en otros sitios como Sevilla o como Cádiz pudiésemos contar con esa misma colaboración". Con estas palabras, el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, mandó ayer en Córdoba un mensaje claro a ambas ciudades para desatascar sus proyectos de Ciudad de la Justicia.

De Llera visitó ayer junto al alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, y la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Isabel Ambrosio, las obras de la Ciudad de la Justicia cordobesa, que arrancaron a mediados de octubre.

La construcción, con un coste cercano a los 55 millones de euros y que estará finalizada en 2017, se ha podido iniciar gracias a un préstamo de la Unión Europea de 15 millones de euros.

Este proyecto es el primero judicial que se realiza gracias a un acuerdo de colaboración público-privada, albergando el futuro edificio todos los órganos judiciales unipersonales, la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal.

Las declaraciones realizadas en el día de ayer por el consejero de Justicia e Interior contrastan con las intenciones que tiene la Junta de Andalucía en Cádiz para sacar adelante la Ciudad de la Justicia instalándola en los terrenos de Altadis en la Zona Franca, cuya compra por parte del Consorcio de la Zona Franca todavía no se ha culminado.

En este caso, la colaboración entre administraciones se centra en la petición de ubicar en las oficinas de la antigua Tabacalera las dependencias judiciales de la ciudad en vez de buscar la colaboración con el sector privado. Las estimaciones de la Junta de Andalucía sitúan el ahorro en 55 millones de euros en la adaptación de las oficinas, ya que construir el edificio de nueva planta saldría por unos 60 millones de euros.