Cádiz entrará en 2026 con subida de la basura tras la aprobación definitiva de la tasa en el Pleno

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Cádiz de este 30 de diciembre ha sido, sin duda, el pleno de las tareas pendientes. Así, además de la aprobación de la ordenanza que permite la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, que debía cursarse antes del 31 de diciembre de 2025, también se ha dado el visto bueno definitivo, sólo con los votos del PP, a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Gestión de Residuos de competencia municipal. En plata, la subida de la tasa de la basura.

Una "imposición del Gobierno central" que advierte a los ayuntamientos "de un procedimiento sancionador por parte de Europa si no se realiza la modificación", ha advertido la teniente de alcalde de Hacienda, Maite González; un "tarifazo" para Carlos Paradas (AIG) que señala que el impuesto no conlleva "una mejora del servicio" ni el fomento "del reciclaje"; y una medida donde "no paga más el que más contamina" y a la que le faltan "bonificaciones" que sí existen en otros municipios, como destaca José Ramón Ortega (PSOE).

El caso es que lo que se ha aprobado este martes en el Pleno es un incremento en el canon de residuos que oscila entre los 3,46 y 9,048 en el recibo bimestral, en función del valor catastral de las viviendas y el número de personas residentes en estos hogares; y entre 9,95 euros y 28,91 euros, en los espacios comerciales. Habrá bonificaciones y reducciones para las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y renta mínima con bonificaciones 90% y también para familias numerosas.

Ayudas del todo "insuficientes" para la bancada socialista donde Ortega asevera que se ha "rechazado" su propuesta de bonificación "para pensionistas que vivan solos" por "falta de concreción"; las bonificaciones a familias que no superan el salario mínimo y comercios que promueven el consumo sostenible "por ser complicado de gestionar"; y la implantación de una tarjeta ciudadana de reciclaje "por dificultades técnicas". "No creo que en Cádiz seamos los más torpes de España, porque esto se hace en otras ciudades, lo que creo es que somos de las pocas capitales de provincia que un 30 de diciembre estamos discutiendo de estas cosas", ha defendido en el Pleno.

"Este ajuste era obligatorio desde abril", ha pronunciado minutos antes Carlos Paradas desde Adelante Izquierda Gaditana abundando en el exclusivo "afán recaudatorio" del equipo de Gobierno que, a su juicio, aprueba la subida antes de que termine 2026 "porque al ser una tasa, si no lo hacen ya, no podrían cobrar hasta 2027". Así, su formación lo que ha pedido es su retirada para poder desarrollar "el espíritu" del mandato enfocado al fomento del reciclaje. "Lo único que hacen es subir el tanto por ciento, pero con esta tasa no se recicla más. Se escudan en que no hay datos técnicos para que quien más genere suciedad pague más, que es lo que se ha hecho en otras ciudades. Aumentan el recibo pero, ¿para qué?, ¿donde están los nuevos contenedores?, ¿habrá nuevos camiones?, ¿cómo se va a reducir la cuota del vertedero, por la que también se paga?," se ha preguntado el edil de AIG que también ha criticado la cuota "topada" para viviendas turísticas y hoteles.

De 7,5 millones a 11 millones de euros

Sin embargo, según Maite González, "de todos los escenarios contemplados por los ténicos" para la aplicación de esta tasa se ha escodio "el de menor incidencia para los bolsillos del gaditano".

Así, para pasar de los 7,5 millones de euros de recaudación actuales a los 11 millones de euros que se deriva de la implantación en Cádiz de la legislación, se calcula una tasa que tiene una cifra fija, basada en el valor catastral del inmueble, y una variable, en función de las personas empadronadas en las viviendas. "El 97% de las viviendas en Cádiz tiene un valor catastral máximo de 150.000 euros, así que hemos realizado diferentes tramos. En el caso del tramo de hasta 50.000 euros, que representa el 36% del global residencial, y con una media de 3 o 4 personas empadronadas, se va a subir 1,73 euros mensuales (3,46 euros en el recibo bimestral); en el tramo de un valor catastral entre los 50.001 euros y los 150.000, que representa el 61% de las viviendas de la ciudad, y también con 3 o 4 miembros, el incremento será de 2,04 euros euros (4,08 en el recibo bimestral) y para viviendas de más de 150.000 euros, que solo supone un 1,65% del parque residencial, la subida será de un 45% (9,08 euros en el recibo bimestral)", ha detallado la responsable de Hacienda.

González ha defendido, en contra de sus opositores, que la ordenanza ha llegado "a tiempo" y con subidas "por debajo" de otros municipios, "como el que gobierna su compañera Patricia Cavada", ha achacado a Ortega.

La 'imposición' de cumplir la ley

Más allá de que cada ciudadano comparta las posiciones mantenidas por el equipo de Gobierno en su defensa de la subida de la tasa de residuos y en la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones o, por contra, se prefiera alinear con las argumentaciones sostenidas por la oposición en estos asuntos, es importante señalar que el cumplimiento de las leyes resulta básico, esencial, para el funcionamiento de toda sociedad que se quiera sana.

Lo que puede parecer una reflexión de perogrullo parece que conviene ser recordada tras la celebración de un Pleno municipal en el Ayuntamiento de Cádiz donde se ha hablado del cumplimiento de normativas estatales en términos de "imposición". El Gobierno de España "impone" cumplir con la Zona de Bajas Emisiones o el Gobierno de España impone aumentar la tasa de basura. Así es y, según este modelo de pensamiento, como ciudadanos españoles se nos impone cumplir con un determinado código penal, código civil, con la Constitución; como ciudadanos andaluces se nos impone cumplir con cualquier mandato acordado por el Gobierno andaluz y como ciudadanos gaditanos se nos impone cumplir con las ordenanzas que se dicten desde el Ayuntamiento.

Sin embargo, o al menos lo prefiero pensar así, el Contrato Social, porque todo este corpus no es más que eso, no se nos impone a los ciudadanos, sino que lo aceptamos, y lo tomamos de buen grado, para poder vivir en comunidad salvaguardando nuestros derechos y recordándonos nuestros deberes.