Cientos de docentes y alumnos se han manifestado esta mañana en Cádiz ante la sede de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo en una concentración convocada por CCOO, USTEA, UGT, AMPE y CSIF ante la incertidumbre que les produce el Borrador de Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 36/2007, de 6 de febrero, y se definen los puestos de trabajo docentes de los Centros de Educación Permanente de Adultos, se establece su forma de provisión y se regula la coordinación provincial de este tipo de educación.

Entienden los sindicatos que tal y como está redactado el borrador de decreto por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo no se define cómo quedarán las plantillas ni se conoce cómo será la estructura de la educación permanente.

Sebastián Alcón, Secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Cádiz, destacó que la Junta “ha presentado un borrador poco concreto y nos da miedo lo que pueda traer detrás. Hemos propuesto un proceso de concreción del borrador, pero la Junta se ha negado. Nos inquieta algo tal laxo y tan inconcreto”. Según Alcón “mucho nos tememos que lo que pretende la Administración es acometer una reforma integral de la educación permanente en Andalucía. El disfraz que pretenden poner a la obligatoriedad de impartir esta formación tiene como objetivo la supresión, desplazamiento y traslado de plantillas del cuerpo de maestros, algo ante lo que va a encontrar la Administración nuestra frontal disconformidad”.

Según Alcón, CCOO teme cambios “en la filosofía de los centros de educación permanente y en su labor social”. Y es que, según palabras de este dirigente sindicalista, “la Junta dice que los cambios se realizarán para que haya a través de estos centros un acceso a la FP y que haya profesorado de Secundaria con este motivo, cuando hasta ahora solo había maestros. Está muy bien que haya más plazas para docentes, pero que no se pierdan esos maestros que se encargan de asuntos tan importantes como la alfabetización de los mayores y la dinamización y la socialización que supone para las personas mayores, sobre todo en los pueblos. La Educación Permanente realiza una labor social muy importante”.

Desde UGT se entiende que para “ampliar y mejorar” la oferta, la incorporación del profesorado de Secundaria no debe producir merma en la plantilla del Cuerpo de maestros en los centros de educación permanente que llevan desarrollando esta labor. “Por tanto, nos mostramos en contra de que se puedan producir desplazamientos o supresiones de maestros en la Educación Permanente con la modificación del Decreto 36/07 y rechazamos esta modificación tal y como está redactada”.

Por su parte, CSIF Educación Andalucía ha exigido a los responsables de la Administración andaluza la retirada del borrador de Decreto por el que se definen los puestos de trabajo docentes de los Centros de Educación Permanente y una negociación urgente de las problemáticas que afectan a centros y profesionales, así como la mejora de sus condiciones laborales.

Caber recordar que en la capital gaditana existen dos centros de Educación Permanente: Viento de Levante y Pintor Zuloaga.

La Junta defiende que se mantendrán los servicios actuales

A la vez que se producía esta movilización de los sindicatos, la Consejería emitía una nota de prensa por la que señalaba que en el contexto del cambio normativo establecido por el Gobierno de España en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, que desarrolla la ordenación del sistema de Formación Profesional, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP propone potenciar los Centros Públicos de Educación Permanente de Adultos (CEPER) con la posibilidad de reforzar las plantillas con profesores de Educación Secundaria, manteniendo los servicios actuales y estableciendo la coordinación de estas enseñanzas bajo un único servicio, el de planificación de las Delegaciones Territoriales”.

En el mencionado Real Decreto, de aplicación a partir del 1 de septiembre de 2024, se desarrollan los cursos de formación preparatorios para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, cuyo currículo se centrará en las competencias básicas que permitan cursar posteriormente con éxito los mismos, y se organizará de acuerdo con el procedimiento de acreditación de las competencias básicas para personas adultas que se regule. Según establece, estos cursos podrán impartirse en los centros públicos, preferentemente centros del sistema de Formación Profesional y de Personas Adultas, por profesorado habilitado para la docencia o, en su caso, con los requisitos previstos y acordes con las materias que deban ser impartidas.

“La Consejería persigue así ampliar y mejorar la oferta para potenciar la empleabilidad de los andaluces, ofreciendo mayores posibilidades de acceso que permitan con mayor garantía una segunda oportunidad para retomar su formación a aquellas personas que lo necesiten o así lo decidan. Para ello es necesario modificar el Decreto 36/2007, de 6 de febrero, para dar cumplimiento a la normativa estatal, estableciendo la posibilidad de dar cabida en los CEPER al profesorado del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria junto al personal del Cuerpo de Maestros, potenciando las plantillas y servicios de estos centros”, concluye la nota.