La política municipal en los juzgados

Camino (judicial) a ninguna parte

  • Absolutamente todas las causas abiertas estos años contra el gobierno municipal, el de Kichi o el anterior de Teófila, han terminado en un cajón

El alcalde de Cádiz, en una de sus numerosas visitas a los juzgados estos últimos años.

El alcalde de Cádiz, en una de sus numerosas visitas a los juzgados estos últimos años. / Lourdes de Vicente

El ritmo en el primer mandato del actual gobierno municipal fue frenético. El objetivo, de unos y otros, no era vencer en las urnas o resultar ganador en los debates plenarios; las estrategias no iban por sacar adelante unos temas o tumbar otras propuestas. Lo verdaderamente importante, aquello por lo que se afanaron todos fue por ver al oponente entre rejas. Ansiaban una inhabilitación, una condena, unas costas que debilitara las arcas del partido de enfrente o incluso del bolsillo del concejal. Y así llegó una cascada de causas judiciales abiertas contra equipos completos, contra determinados concejales y, en un número considerable, contra el alcalde, José María González.

Esta estrategia política parece que se ha detenido. Al menos, en los más de dos años que lleva el actual mandato de andadura no se han promovido nuevas acusaciones contra el gobierno de Kichi, ni de éstos contra el anterior gobierno de Teófila Martínez ni contra nadie de la oposición. En el plano judicial, unos y otros parecen haber bajado los brazos después de constantes visitas a los juzgados, causas archivadas y sentencias condenatorias que tornan en absolución tras el pertinente recurso. Un fracaso en toda regla para unos y otros.

Alrededor de una veintena de procesos judiciales son los que se contabilizan desde que González llegó a la Alcaldía de Cádiz. Curiosamente, aunque él y su partido son los que habitualmente han venido quejándose de la judicialización de la política, fueron ellos los primeros que acudieron al juzgado, buscando una condena a Teófila Martínez y su equipo por dar “a sabiendas” agua contaminada a los vecinos de Loreto. Aquella causa quedó archivada, pero dio paso a un contraataque de los populares que hasta ahora no ha llegado a su fin, con la absolución final al alcalde de calumnias a los populares después de un primer archivo de la causa por lo Penal y de una sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial.

Matadero es otro de los casos que ha provocado un vaivén de sentencias y procesos judiciales culminados todos en el mismo sentido: nada. Ni unos ni otros han podido probar que hubiera mala praxis o ilegalidades en la adjudicación de las viviendas de esa promoción. Primero llegó el ataque contra Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, sin que prosperara la causa; y luego la respuesta de estas contra Martín Vila y Eva Tubío por difamaciones, lo que también quedó archivada. Y a raíz de Matadero se abrió una causa contra Pilar Tubío, que en primera instancia fue condenada a inhabilitación y que ahora ha absuelto el TSJA. Todo vuelve a su sitio, por tanto, en relación a este caso que tanta polémica, tantas guerras y tantos titulares ha dejado por el camino, así como la dimisión de la propia Tubío como directora de Servicios Sociales tras esa primera condena que luego recurrió.

También ha sido ahora cuando se ha cerrado la causa abierta contra Ignacio Romaní por su gestión al frente de Aguas de Cádiz, sin que el tribunal haya encontrado pruebas documentales de lo que se le acusaba. Y archivada quedó en su día la causa abierta contra el alcalde por el convenio con Eléctrica de Cádiz que permitió ampliar el número de luces inicialmente contratado para la Navidad de 2016.

Las decisiones municipales también han sido objeto de recurso judicial en estos últimos años. La gestión de los chiringuitos llevó a una demanda de Ciudadanos, archivada; la municipalización de las playas ha dado lugar a varias sentencias que dan la razón al Ayuntamiento; la cesión gratuita de espacios de la Casa de Iberoamérica fue objeto de otra demanda de Ciudadanos, en este caso al entonces concejal David Navarro, igualmente sin consecuencias; la instalación de una bandera LGTBI en la fachada del Consistorio motivó el recurso judicial de Abogados Cristianos, sin éxito; la supresión de un ciclo de cine israelí terminó también con el alcalde en los tribunales, que no vieron causa; incluso la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Patrona ha motivado un juicio y sus posteriores recursos de Europa Laica, que por ahora sigue defendiendo causas perdidas en los tribunales respecto a estas condecoraciones. Hasta un incidente en un partido de fútbol en el Carranza (como se llamaba todavía al estadio) le ocasionó al alcalde un incidente judicial, que como tantos otros quedaron archivados.

De toda la maraña judicial que se activó en los primeros cuatro años de gobierno de Kichi sólo una prosperó: la abierta contra los presupuestos aprobados en 2016, que terminaron siendo tumbados por el TSJA.

En la actualidad, solo queda un último rescoldo de esa batalla infructuosa en los tribunales; una causa abierta por el ex concejal José Blas Fernández contra el alcalde por no responder a sus preguntas (más de 60) y no facilitar información a la oposición. Causa que sigue tramitándose a nivel judicial después de que en varias ocasiones se le haya requerido información al Ayuntamiento por parte del tribunal.

Pendiente, por tanto, de este último pronunciamiento judicial -al menos, por ahora- los partidos parecen haber abandonado un camino que fue excesivamente usado entre 2015 y 2019, que sembró de dudas la gestión del alcalde y su equipo, que manchó igualmente el nombre de concejales del gobierno y de la oposición, y que en todos los casos terminó en el mismo punto: en ninguna parte.

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