Tribunales

Archivada la denuncia contra Ignacio Romaní por el caso de su tesis doctoral

  • Tres consejeros del anterior equipo de Gobierno en Aguas de Cádiz pedían que se investigara un pago de 42.000 euros a un observatorio presidido por el director de su tesis

  • La investigación a la que se ha dado carpetazo era por presuntos delitos de malversación, falsedad, cochecho y prevaricacion

Ignacio Romaní, ex concejal del PP y ex presidente de Aguas de Cádiz.

Ignacio Romaní, ex concejal del PP y ex presidente de Aguas de Cádiz. / Joaquín Hernández Kiki

El Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ha decidido archivar la denuncia contra Ignacio Romaní, ex concejal del Partido Popular en el equipo de Gobierno de Teófila Martínez y presidente de la empresa municipal Aguas de Cádiz, por el pago de unas subvenciones por valor de 42.000 euros al Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de Empresa, que era presidido por el catedrático Carlos Guillén, que a la sazón fue el director de tesis del entonces edil.

Dos de los consejeros de Aguas de Cádiz que pertenecían a Por Cádiz sí se Puede en la anterior Corporación, el propio consejo y un miembro de la Fundación Aguas de Cádiz interpusieron una denuncia contra Ignacio Romaní y Carlos Guillén porque entendían que podía ser irregular el pago de esos 42.000 euros que se hizo en varias anualidades en concepto de un informe,a juicio de los denunciantes, y como patrocinio para varias jornadas. En la misma se les acusaba de malversación de fondos, falsedad documental, prevaricación, cohecho y defraudación a ente público.

La jueza ha archivado el caso tres años después de que se pusiera la denuncia porque entiende, tal y como dice la Fiscalía, que “no se sostiene una acusación contra los investigados”. Precisamente la base del archivo de la denuncia se basa en el informe que elevó la Fiscalía a finales de julio de este año.

El auto de la jueza recoge que “a pesar de que el Ministerio Público considere que existen extremos sin aclarar, no cabe sino considerar que no existen indicios suficientes de la comisión de delito alguno”.

La Fiscalía, que también solicitó el archivo de la causa, refleja que “las explicaciones aportadas por los investigados dejan varios puntos sin aclarar pero que, lamentablemente, deberán permanecer así ante el hecho irreversible del fallecimiento de dos personas, cuyo testimonio en esta causa hubiera sido imprescindible”. En este caso, se refiere al anterior gerente de Aguas de Cádiz, Aurelio Vélez, “al que se atribuye la decisión de denegar la colaboración para el proyecto inicial pero que se comprometió a conceder ayudas a las jornadas formativas”.

El otro era Sergio Sánchez Sevilla, que era integrante del grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, de la Asociación de Profesionales de Psicología Social y del Observatorio porque “no sólo estuvo presente en reuniones relevantes sino que redactó el trabajo controvertido que fue entregado a Aguas de Cádiz”. Este último llegó a declarar en el Juzgado de Instrucción “pero la adición de nuevos datos en la investigación hubiera justificado una declaración aclaratoria y complementaria”.

A ello se le unen una serie de asuntos que la Fiscalía no ve suficientemente claro que detalla en su informe. Sin embargo, hay una declaración que ha resultado también fundamental en este caso y es la del gerente que sustituyó a Aurelio Vélez y que ejerció su cargo entre 2011 y 2015, Juan Miguel Núñez Orihuela. Para empezar dejó claro que Romaní “como presidente no podía disponer de los fondos a título individual sin dar cuenta a nadie”.

Y recuerda que las ayudas que se concedieron a Carlos Guillén fueron para la celebración de unas jornadas que se prolongaron durante cuatro años.

Juan Miguel Núñez explicó también en su comparecencia en los juzgados como testigo que posteriormente en 2014 es cuando hubo una reunión con Guillén y con un acompañante de este donde se ofrecieron a hacer una memoria de responsabilidad corporativa de la empresa.

Cabe recordar que los denunciantes decían que las primeras facturas emitidas en 2011 y 2012 no eran por la celebración de unas jornadas sino por la elaboración de un informe que se realizó años después del abono de la factura y que no se entregó a Aguas de Cádiz hasta el año 2018, cuando el tema salió a la luz pública.Sin embargo el gerente afirma que los abonos de las facturas fueron por las jornadas y que no fue hasta 2014 cuando se ofrecieron a hacer una memoria pero que no tiene constancia de que se hiciera y que no se abonó nada por ella.

La Fiscalía concluía su informe diciendo que se tenía que proceder al archivo de la causa “por aplicación de los principios que rigen el Derecho Penal y que deben impedir las llamadas ‘penas de banquillo’ cuando se puede anticipar la carencia de prueba de cargo suficiente a practicar en juicio oral por más que existan indicios de la comisión delictiva y contradicciones respecto de las cuales las tesis de defensa no pueden aportar explicación razonable”, recordando que en el actual marco jurídico español es la acusación la que tiene que acreditar su tesis.

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