Abierto por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la propuesta de descentralizar la presencia de diversas instituciones del Estado, trasladando sus sedes hoy en Madrid a otras ciudades españolas, Cádiz no ha tardado en presentar su candidatura a acoger las dependencias del Tribunal Constitucional, tras la puerta abierta por un grupo de profesores de Derecho Constitucional.

La herencia constitucionalista de la ciudad, donde nació la primera Carta Magna de España en 1812, ejemplo para muchos estados en medio mundo, supone para los defensores de esta propuesta la principal baza para su defensa. Aquí fue, además, donde se ubicó la primera sede del Tribunal Supremo, en el Palacio de los Marqueses de Recaño, hoy en transformación para su conversión en Museo del Carnaval.

La defensa de Cádiz como lugar de acogida en un hipotético traslado del Constitucional choca, sin embargo, con la escasa, por no decir nula, defensa que la ciudad, sus gobernantes y una parte de su ciudadanía, ha tenido de su papel histórico en la elaboración del texto de 1812.

Ser protagonista de la promulgación de este referente en nuestro ordenamiento como Estado, ser el centro del propio país frente a la invasión francesa y ser referente cultural y educativo de la época no ha servido para que Cádiz tenga en el Doce a uno de sus pilares como ciudad.

La celebración del Bicentenario, en 2012, permitió atisbar la posibilidad de aprovechar este fasto para convertir en Cádiz en la gran capital constitucional en España.

La celebración fue pronto dejada a un lado tanto por el Estado como por la Junta de Andalucía.

El gobierno regional había anunciado la creación en la ciudad de un gran Centro de Estudios Constitucionales, dentro de su propósito de ubicar en cada una de las capitales de Andalucía centros culturales de referencia.

La idea era unir el pequeño colegio público de San Felipe con el vecino Oratorio (epicentro de la elaboración del texto de la Constitución) y con el Museo Iconográfico de Cádiz. Todo un complejo que, gestionado por una fundación creada específicamente para ello, permitiría perdurar el estudio sobre la primera Carta Magna, además de crear espacios expositivos con un alto componente turístico y cultura, y digitalizar todos los documentos relacionados con este documento histórico.

Todo ello se diluyó en el tiempo. El gran centro chocó con la falta de visión ciudadana del colectivo educativo, que lo vetó, y con la falta de apoyo de colectivos e instituciones, más escandalizadas con el uso civil del Oratorio, al fin y al cabo salvado de la ruina por la propia Junta que puso más de 6 millones de euros para su rehabilitación integral.

Todo quedó apenas en un precario Centro de Interpretación que, por si fuera poco, lleva meses cerrado y al que la Diócesis, tras la salida del obispo Antonio Ceballos, impidió el acceso al templo, en cuyas paredes se proyectaba un montaje audiovisual que relataba el papel esencial del Oratorio en la redacción de la Constitución de Cádiz.

Más allá de este espacio, apenas quedan algunas lápidas recordando la presencia de determinados parlamentarios, así como una calle con sus nombres que conecta el puerto con la plaza de Espada y, allí, con un Monumento a las Cortes cada vez en un estado de conservación más precario.

Esta es la ciudad que defiende su ideario constitucional como fuerza para traer la sede del Constitucional.

La ciudad y la Constitución

Alberto Ramos Santana es catedrático de Historia Contemporánea en la UCA y uno de los más relevantes investigadores de esta etapa. Él ya planteó hace más de una década una serie de proyectos de cara a resaltar que, como dice, "Cádiz es la única ciudad que da nombre a una constitución".

Sus propuestas y su insistencia nunca han llegado a buen puerto, ante la persistencia de la ciudad a la hora de ignorar a “su” Constitución. Así que se reconoce "sorprendido porque ahora se vuelquen en pedir la instalación del Tribunal Constitucional a Cádiz".

"Dudo mucho que esta institución se vaya a mover de Madrid y mucho menos venir a Cádiz, cuando todos los proyectos a la hora de convertir a Cádiz en una ciudad constitucional se han quedado en el cajón", se lamenta Ramos Santana.

El catedrático considera, en cambio, que las instituciones deberían de "recuperar todas las ideas ya propuestas, como el Centro de Estudios Constitucional, o reflejar los 200 edificios relacionados con la redacción de la Carta Magnas, o situar placas en los lugares de referencia". En cambio, alerta, en algunas de las escasas placas que hay en la ciudad sobre este acontecimiento hay errores históricos, y advertidos pero nunca corregidos.

A la vez alerta sobre el estado del Monumento a las Cortes y critica con dureza cómo la Iglesia impide la proyección del audiovisual sobre esta parte tan esencial de nuestra historia en el Oratorio de San Felipe Neri.

"Pedir que la sede del Constitucional venga a Cádiz es un brindis al sol. En centrarse en un proyecto para que otros nos hagan la tarea, y lo que a la ciudad le corresponde seguir en el olvido. El Tribunal Constitucional nos sale gratis, mientras que el Ayuntamiento no invierte en la Ciudad Constitucional. Incluso se finalmente viniera esta institución sería lamentable conseguir solo lo que nos viene de fuera", constata Alberto Ramos.