El Instituto Español de Oceanografía (IEO), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), emitió el 24 de febrero de este año un informe preceptivo demoledor sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del dragado de profundización de la canal de navegación del puerto de la Bahía de Cádiz, al que ha tenido acceso Diario de Cádiz. En él, el IEO detecta un cúmulo de errores, de falta de información y de estudios previos que de no rectificarse conllevaría graves consecuencias ambientales para el medio marino en una zona bajo varias figuras de protección. Hasta el punto de erosionar las playas del Parque Metropolitano de Los Toruños y de Valdelagrana.

El proyecto de dragado de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), que preside Teófila Martínez, cuenta ya, sin embargo, con la autorización del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Sólo dos meses después de la emisión del informe del IEO, el pasado 23 de abril, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente del ministerio, por la que se formula su declaración de impacto ambiental. Se trata de la misma dirección general que solicita y recibe el informe preceptivo, pero no vinculante, del instituto dependiente del CSIC. Ecologistas en Acción no tardó en rechazar públicamente el proyecto. 

El dragado consiste en la prolongación y profundización de la canal de navegación ya existente con el fin de que puedan llegar a la Nueva Terminal de Contenedores los buques de mayores dimensiones del mundo, de la clase post-panamax, además de los buques de graneles líquidos, los Ro-Ro y de pasajeros. Esta intervención de grandes dimensiones conllevará un volumen total de dragado, principalmente de arenas, de nada menos que 5.981.000 metros cúbicos, a lo largo de más de ocho kilómetros (8.059,92 metros exactamente) y a una cota (una profundidad) de 16 a 17,20 metros. Parte del material dragado (1.051.000 metros cúbicos de fangoso) se acumulará en un recinto portuario en El Puerto de Santa María para su aprovechamiento en un relleno.

En el apartado de aspectos administrativos relacionados con la protección ambiental del medio marino, el IEO detecta que, pese a que el documento de inicio parece correcto, “en la documentación aportada no se incluye la justificación de la compatibilidad con las estrategias marinas que mandata el artículo 3.3 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino y su normativa de desarrollo, el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, que regula el informe de compatibilidad y establece los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas”.

Es en los aspectos relacionados con la contaminación química donde se constata que la APBC “realizó en el año 2015 una caracterización de los sedimentos, según los requisitos de las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre. Para ello se tomaron 57 muestras de las cuales 17 fueron muestras profundas. En 2019 se realizó una caracterización adicional en 7 muestras”. Sin embargo el IEO recuerda que “los análisis solo tienen validez de 4 años, por lo que, debido a que se realizaron en julio de 2019, éstos sólo serían válidos hasta julio de 2023”.

Los resultados de esos análisis están, en resumen, dentro de los límites legales. No obstante en una de las muestras tomadas en la zona de la canal de Navantia y El Puerto de Santa María se detectaron altos niveles de mercurio. Además, se hallaron dos muestras que superan cierto nivel de PCBs ( bifenilos policlorados) “El dragado y el uso y vertido del material, pueden producir un impacto ambiental. Cualquier actividad de dragado origina un aumento de la turbidez del agua, con la consiguiente removilización de los contaminantes asociados a los sedimentos, que podrían incorporarse a la columna de agua. Por ello, se debería de minimizar la posibilidad de movilización de las partículas de sedimento y de los contaminantes asociados, y especificar las medidas que se tomarían para reducir su impacto en el medio”, advierten desde el IEO, aunque reconocen que el “programa de seguimiento y vigilancia incluye controles de la calidad del agua” en la zona de dragado, en la zona de vertido y en las proximidades del recinto”.

Un buque, por la canal del Puerto de Cádiz, con la terminal de contenedores en obras delante, en una imagen de aerchivo.

Sin horarios de trabajo en función de las mareas

Es en el apartado relativo a las condiciones oceanográficas e hidrológicas donde comienzan a detectarse errores de mayor trascendencia. De entrada, el IEO alerta de que los planos y las batimetrías previos deben hacerse en una zona aledaña de entre dos millas o kilómetros para evaluar el impacto sobre los hábitats. Pese a ello, ambos estudios se circunscriben a la canal actual, a pesar de ser una exigencia legal ambiental. Además, los científicos advierten de que “un defecto importante es que, a pesar de ser una exigencia del Documento de Alcance, no se plantean horarios de trabajo. Esto es muy relevante porque las operaciones de dragado y vaciado deberían adecuarse a las fases de marea más adecuadas para minimizar los impactos. La acción de dragado plantea una nueva mota de contención, no indicada en la evaluación ambiental, y por tanto no queda recogida. El propósito es la generación de un recinto a rellenar para el aprovechamiento del material a dragar en la misma infraestructura portuaria, reduciendo de esta forma la necesidad de eliminación del mismo mediante vertido al mar. El argumento es la economía circular y las estrategias marinas, aunque no está justificado ni evaluado ambientalmente. Esto requiere su evaluación y estudio dedicado”.

Tampoco “aclara ni justifica” el documento de la APBC “por qué es necesario ampliar las cotas de dragado establecida en la Declaración de Impacto Ambiental de 3 de noviembre de 2010, en la cual ya estaba prevista la ampliación y profundización de la canal de acceso".

Además, el estudio sobre la dirección del oleaje “se ha realizado sin la obtención de datos de corrientes in situ. El documento menciona unos amarres instrumentados que instaló la Universidad de Cádiz, pero apenas se presentan los valores, sin diagramas, citas ni aportación documental”. Tampoco resultan válidos para los estudios de clima marítimo porque “se emplean datos de una red (REDCOS), cuya ubicación no representa las características energéticas ni el resultado de la propagación del oleaje en la zona de dragado ni en la Bahía. Ni los encaminados a describir la hidrodinámica, hasta el punto que “la marea se propaga de forma contraria a lo argumentado en el estudio”.

Tampoco pasan el filtro de los científicos del CSIC los estudios relativos al viento. “En el Anexo II se presentan tan solo los del ENE, aunque el viento más frecuente es el de componente SE”, añaden. Los resultados del estudio de la APBC concluyen que “la intervención no va a generar ningún efecto sobre la dinámica de las corrientes en Bahía una vez finalizadas las obras”. “Este es un aspecto cuestionable incluso si los resultados del modelo estuviesen validados con registros instrumentales. El argumento principal es que el efecto sobre el oleaje es insignificante y por tanto no afectará a la dinámica litoral y a la integridad de la línea de costa. Esto contradice lo que el propio estudio manifiesta con posterioridad. Efectivamente se apreciará un cambio significativo del flujo de energía en la dinámica litoral principalmente por el efecto de la reflexión del oleaje en la construcción”, concluyen.

Vista aérea del Parque Metropolitano de los Toruños, con su playa y al de Vadelagrana, arriba a la izquierda.

Erosión costera por efectos del oleaje

Desde el IEO alertan también de los riesgos de erosión costera que conlleva el dragado y critican que los autores del documento de alcance ignoren las conclusiones de un estudio de la Universidad de Granada que citan. “Las operaciones de dragado cerca de la costa provocan erosión costera” y “también conllevan el incremento en el potencial energético del campo de oleaje por la profundización del relieve del fondo. Además, de alteraciones en los patrones de transporte y deposición sedimentaria. Estos aspectos no han sido adecuadamente tratados en el EsIA”, dictaminan los científicos. “La evidencia y la existencia de riesgos en zonas protegidas requieren un estudio más detallado y concluyente”, constatan.

En este apartado advierten de que “todos los tipos de operaciones de dragado aumentan la turbidez en la columna de agua. Este aumento conlleva problemas para el ecosistema, tales como la reducción del oxígeno disuelto y la atenuación de la radiación solar. Durante la actividad de dragado es imperativo la adopción de una estrategia para minimizar los impactos. En particular, se requiere el monitoreo permanente de los valores de turbidez durante la excavación, el transporte y el vaciado del material dragado”. Y concluyen. “el estudio de dispersión adolece del mismo rigor que el estudio de afección sobre la dinámica litoral. No existen validaciones instrumentales”.

El documento de la APBC, además, no contempla un escenario con vientos fuertes del SE, “que de hecho son los más frecuentes después de los WNW y W, y probablemente los que tengan más influencia en la zona de la actuación”. Ni tampoco se dispone “de datos de corriente específicos en lazona na de estudio”.

En Zona de Especial Conservación 'Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz'

Para colmo, “el estudio de fauna terrestre es carente de referencias a la literatura científica o trabajos de campo. Salvo unas prospecciones realizadas en 2019, para la flora marina no se presenta un estudio actualizado”. Hasta tal punto falta información y es erróneo el diagnóstico, que, “según el estudio de impacto ambiental, la zona carece de interés ambiental frente a la actuación. Esto contradice el nivel de protección que tiene la zona y su entorno. Gran parte del dragado se producirá en la ZEC (Zona de Especial Conservación) Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz. Existen muchos motivos para tal declaración de zona protegida, tal y como demostró que anteriormente, en 2006, la Comisión Europea lo protegiese como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Una vista aérea de Valdelagrana, en una imagen de archivo.

Pero ¿cómo notaría el ciudadano de a pie los efectos indeseables de este dragado, tal y como se pretende hacer?: “Uno de los principales riesgos son los cambios morfológicos debidos a cambios en los patrones de circulación. Las acciones de profundización de la canal donde se pasará de una cota de 12 o 13 metros a la de 16 supone un cambio estructural en el fondo que puede hacer varias la incidencia de las corrientes sobre las zonas litorales y producir cambios morfológicos en las playas más cercanas, Los Toruños o incluso Valdelagrana. Estos cambios no se han estudiado en profundidad”, advierten los expertos del IEO.

De hecho, “la conclusión ‘el impacto ambiental que genera la ejecución del proyecto de dragado de la canal de navegación del Puerto de Cádiz no supondrá una alteración significativa en las condiciones actuales del medio físico y biológico’ no se justifica”, determinan tajantemente los investigadores.

La turbidez produciría impactos en lugares de interés ecológico

En relación a la calidad de las aguas el informe es persistente acerca de la turbidez que provocarán, sin duda, los trabajos, y la necesidad de controlarla. Así, si bien la zona de actuación directa del proyecto ( la canal y el área de pósitco de sedimentos) no está en zona de especial protección, "sí que producirá impactos que, por la dinámica oceánica, podrían eventualmente alcanzar lugares de interés ecológico, especialmente los situados en el interior del saco de la Bahía de Cádiz". "En zonas próximas al área de dragado hay comunidades fitobentónicas que dependen para su crecimiento de la cantidad de luz que reciben", de manera que "la envergadura del proyecto y el valor ecológico de las áreas circundantes hubiera requerido un análisis más detallado". 

Respecto a la biosfera submarina, Los investigadores del IEO insisten en que "las zonas aledañas a la zona de actuación y situadas en el interior del saco externo de la bahía no han sido exploradas" en los trabajos de campo. Y reseñan que se han encontrado especies incluidas en los listados de protección del Convenio de Barcelona e incluidas en el Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía y que otras se mencionan con nombres ya no aceptados o mal escritos. Por otro lado, "la descripción del ictioplancton está basada en un artículo publicado en 1994, que podría no reflejar la situación actual".

Entre otras apreciaciones constatadas científicamente, el informe del IEO concluye con que en el proyecto de la APBC "no se incluyen análisis ni referencias a cómo la actuación podría afectar a los objetivos ambientales de las Estrategias Marinas".