Representantes de las instituciones públicas como la diputada Elena Amaya, el personal técnico del servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cádiz, el concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, o representantes de la Plataforma, como Antonio Chico, han participado en una visita al cementerio de San José donde han podido conocer el estado actual de la exhumaciones de sepulturas que promueve el colectivo SOS Bebés Robados Cádiz.

Así, tras este encuentro con la presidenta de la asociación, Chary Herrera, desde la Diputación informan de la predisposición de la institución provincial a seguir colaborando en el esclarecimiento de la verdad que persiguen los familiares de los niños supuestamente desaparecidos. Así, Amaya también se comprometió a fortalecer la unidad institucional en torno a esta realidad donde convergen el Ayuntamiento de Cádiz, la empresa Cemabasa, la Junta de Andalucía y la Plataforma de Memoria Histórica de Cádiz.

En este encuentro, Herrera recordó a los representantes de las instituciones públicas que, de momento, han aparecido “cuatro cajas vacías y otros cinco niños no están en los hoyos donde estaban registrados”. Nueve casos que, a juicio de la presidenta de la asociación, “confirman que en la provincia de Cádiz se han robado niños”.

Este proceso de exhumación de las sepulturas verticales ha sido impulsado por 46 familias que denunciaron el robo de recién nacidos entre los años 1956 y 1987; bebés cuyo fallecimiento fue declarado oficialmente pero que, sospechan, fueron entregados a otras familias.

Diputación, a raíz de un convenio alcanzado en julio con SOS Bebés Robados, participa en esta iniciativa con una aportación de fondos que permite la contratación de dos profesionales: una psicóloga que atiende a los familias “que lo pasan realmente mal y sufren situaciones muy delicadas”, -según ha explicado Chary Herrera- así como un antropólogo que determina las semanas de gestación de los huesos que se están recuperando.

Los detalles de la intervención -que se practica en los patios 3, 4 y 5 del cementerio ya clausurado- han sido precisados por el arqueólogo municipal José Gener. Excavaciones que inciden en sepulturas dispersas que hay que reconstruir por estratos. Ya se han resuelto las exhumaciones solicitadas por 31 familias si bien sólo la identificación genética mediante el cotejo de ADN podrá establecer si hay vínculo entre los restos óseos y dichas familias. La intervención comenzó el 20 de octubre de 2017.

Diputación, con anterioridad a esta participación, ya visibilizó el trauma de las familias de SOS Bebés Robados con el documental ‘El dolor que no prescribe’, realizado por el servicio de Vídeo de la institución provincial con guión de la periodista Tamara García.