El Ayuntamiento se libra de pagar 10,5 millones del antiguo SMAES

El Tribunal Económico Administrativo Central dio hace unos días una alegría al Ayuntamiento. O más bien alivio, que es lo que se leía el viernes en la cara del teniente de alcaldesa delegado de Hacienda, José Blas Fernández, que se imaginaba la catástrofe que hubiera supuesto para el Ayuntamiento tener que desembolsar 2.000 millones de las antiguas pesetas.

La historia, según explica, arrancó hace ya años. Los antiguos SMAES aglutinaban los servicios municipales. En los noventa la empresa se disolvió y esos servicios pasaron a prestarlos distintas empresas municipales. La sorpresa vino cuando la Agencia Tributaria (Fernández explica que quien levantó las actas fue la Junta inicialmente) empezó a reclamar el pago del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a años de funcionamiento de SMAES. Concretamente, desde el 88 hasta el 93.

La sociedad pagaba, pero sólo un 1% porque entendía que se le podía aplicar una bonificación por la prestación de servicios de competencia municipal. La Agencia Tributaria, inicialmente, creía que no y lo defendió prácticamente servicio por servicio. Por ejemplo: en el caso de la venta de electricidad, decía que desde que la ley del 85 que liberó el sector de la competencia municipal, debería haber pagado el cien por cien del impuesto.

El Ayuntamiento, cuando se vio llegar un montón de facturas y de las gordas comenzó a recurrir por la vía administrativa. La segunda instancia, la Jefatura Regional de Inspección, confirmó la deuda (en el caso de la luz, por ejemplo, en febrero del año 95). El gobierno local volvió a recurrir y ahora, poco a poco, le están llegando el montón de buenas noticias. Concepto por concepto, el Tribunal Económico está decidiendo que no le correspondía pagar el impuesto.

Todos estos expedientes suman 10.416.819,86 euros que hubiera tenido que abonar ahora el Ayuntamiento gaditano si el fallo no le hubiera sido favorable. Esta cuantía incluye la anulación de las liquidaciones de impuestos, los intereses de demora, la anulación de sanciones y las devoluciones de cuotas. Y es que el gobierno local tendrá que recibir, una vez que la decisión sea firme, la devolución de un importe que sí pagó en su día. Indica José Blas Fernández que corresponde al 1% que no estaba bonificado y que ahora se entiende que tampoco tuvo que pagar.

En el pleno municipal celebrado el pasado viernes, el concejal ponía este caso como ejemplo de fallos que la administración comete para defenderse de las críticas lanzadas desde las filas socialistas acerca del intento de cobro de multas de tráfico que ya habían prescrito.