La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAF) alzó ayer la voz desde Cádiz para pedir una legislación nacional sobre la custodia compartida que acabe con las diferentes interpretaciones que se dan actualmente en las comunidades autónomas e incluso entre provincias pertenecientes a una misma jurisdicción autonómica.

Lo hicieron desde el Parador Hotel Atlántico, en el marco de una Jornada de Derecho de Familia organizada por la AEAF y el Colegio de Abogados de Cádiz que congregó a más de trescientos letrados y a jueces y fiscales de toda España. La asociación aglutina a 1.800 abogados especializados en la materia de todo el país.

También reclamó el colectivo un Juzgado de Familia para Cádiz porque considera probado que donde menos se conceden las custodias compartidas es en las comunidades autónomas que no disponen de estos juzgados especializados. "Cádiz, por ejemplo, no tiene juzgados de familia y eso es un abandono total, porque se necesitan juzgados especializados, con una fiscalía especializada, equipos psicosociales y de mediaciones", dijo María Dolores Lozano, presidenta de la AEAF. Que no los haya es, a su juicio, una "discriminación" porque "no es lo mismo que un divorcio sea atendido por un juez especializado que por otro que trata igual un desahucio que un procedimiento de familia", añadió.

La petición de la custodia compartida de los hijos, que los jueces españoles ya otorgan en el 28,3 % de los casos, se ha incrementado de forma progresiva en los últimos diez años, conforme han cambiado los roles de las mujeres y los hombres en el ámbito laboral, social y familiar, explicó María Dolores Lozano. "Hace una década era inusual que se hablase de custodia. Salvo en casos excepcionales, la custodia siempre era monoparental y en el 99% de los casos se adjudicaba a la madre, porque tradicionalmente era la que se había encargado del cuidado de los hijos", señaló.

La evolución social ha llevado a que padres y madres divorciados reclamen ahora con mucha mayor frecuencia la custodia compartida de los hijos. Actualmente, la respuesta de los jueces a esta demanda puede variar en función del territorio en el que vivan. "Hay comunidades más avanzadas, como Cataluña, que tiene un Código Civil propio y tiene completamente desarrollado el asunto de las custodias compartidas, que se otorgan bastante, o Baleares, que no tiene ley propia, pero es muy progresista a la hora de establecerlas y las concede en un 40% de los casos en los que se solicita a través de un procedimiento judicial", dijo Lozano. Galicia y Castilla y León están entre las comunidades que menos custodias compartidas conceden.

"En los últimos cuatro años, el Tribunal Supremo ha apostado claramente por establecer que es el sistema más conveniente", explicó. Las sentencias del TS "han ido sustituyendo la labor del legislador, porque no hay una ley sobre la materia" y han tenido "un efecto dominó" y hecho "una labor de concienciación".

El Código Civil habla de la custodia compartida, pero, a juicio de la presidenta de la AEAF, se necesita una legislación nacional que desarrolle su aplicación en aspectos como el uso de la vivienda o las pensiones compensatorias. De hecho, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabaja actualmente en el desarrollo de un proyecto legislativo.

Aún así, la abogada explica que en éste ámbito "no hay fórmulas mágicas" porque "la custodia compartida no se puede dar en todos los casos ni de forma automática", "no hay dos casos iguales" y en conflictos familiares "no todo se puede resolver en un juzgado".

Durante la jornada también se abordó el tema de la pensión compensatoria y alimenticia, su perspectiva civil y penal y los últimos pronunciamientos jurisprudenciales a este respecto en una mesa redonda dirigida por Pablo Sánchez Martín, juez decano de Cádiz, y Víctor Moreno Velasco, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número tres de Algeciras.

Posteriormente, Antonio Javier Martín, magistrado del Juzgado de Primera Instancia 7 de Córdoba, habló sobre la modificación de medidas y aspectos sustantivos y procesales del cambio de custodia individual a compartida.