La APM mide hoy su fuerza en Cádiz sin el apoyo de las otras asociaciones

Sólo 51 de los 115 jueces y magistrados de la provincia de Cádiz se sumaron el pasado febrero a la jornada de huelga convocada por Foro Judicial y la Francisco de Vitoria, dos asociaciones que no han apoyado el paro convocado para hoy por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Tampoco lo ha respaldado Jueces para la Democracia, lo que deja a la APM sola ante el resultado de la protesta. Las miradas están puestas en la inevitable comparación con la huelga de febrero. La APM , que no se sumó a la convocatoria de aquel paro, mide hoy su fuerza en la provincia gaditana.

La huelga pretende denunciar las graves carencias de la Administración de Justicia, la saturación de asuntos en los Juzgados, la escasez de personal. La APM reclama un pacto de Estado, una justicia de calidad y considera insuficientes las reformas emprendidas por el Gobierno. En principio, la protesta será secundada por al menos los 43 jueces que la semana pasada acudieron a una asamblea en la capital gaditana y votaron a favor de la huelga. En la asamblea estuvieron los jueces decanos de Cádiz, Jerez y Algeciras. La APM suma en la provincia de Cádiz unos 30 asociados.

La juez decana de Cádiz, Nuria Orellana, es también la presidenta de la APM en Andalucía Occidental y pertenece al comité ejecutivo nacional de la asociación conservadora de jueces. Orellana estima que el proyecto de reforma judicial del Gobierno es insuficiente y que así lo creen también muchos jueces que no pertenecen a la APM y que hoy se sumarán a la huelga. "Creo que habrá un seguimiento bastante importante", aventura la juez decana de Cádiz, quien no secundó el paro del pasado febrero.

Orellana menciona la dispersión de sedes judiciales, el gran retraso en la construcción de la Ciudad de la Justicia (cuyo proyecto definitivo tendrá que esperar aún a 2010) y la saturación en los Juzgados de lo Penal como algunas de las carencias más notables en la capital gaditana. También el pésimo estado de los calabozos ubicados en dependencias de los Juzgados de Instrucción. Precisamente los jueces mostraron el pasado febrero, en la jornada de huelga, esos calabozos clausurados y apuntalados.

En el Campo de Gibraltar los problemas no son menores. Entre ellos, el juez decano de Algeciras, Jesús Manuel Madroñal, cita la falta de depósitos judiciales en una zona fronteriza con África en la que hay cada día decenas de vehículos intervenidos. La falta de dinero para taxis también ha provocado inconvenientes: en el partido judicial de Algeciras eso ha provocado la suspensión de doscientos embargos y lanzamientos. "Lo que no puede hacer una comunidad autónoma es asumir unas competencias que no puede sufragar", opina Madroñal, que hoy estará en huelga.

En el caso de El Puerto, el principal problema al que se enfrentan los jueces es el de la sobrecarga de trabajo. En la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya se indicaba que la ciudad debía tener un juzgado más de Vigilancia Penitenciaria y al menos otro más de primera instancia e instrucción, es decir, seis en lugar de los cinco actuales.

El juez decano de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, señala que el volumen de causas que llegan a los juzgados portuenses es superior incluso a los de los juzgados de Cádiz y lo peor es que a pesar de las recomendaciones del TSJA, no hay planes de refuerzo a la vista. Más bien al contrario, ya que los dos funcionarios de refuerzo que habían sido asignados al Juzgado Número 3, para atender los distintos casos de corrupción e irregularidades urbanísticas y otras causas especiales que se centralizaron en dicho juzgado, han sido suprimidos hace ya varios meses.

Por otra parte, otro de los problemas que afectan al ámbito judicial en la ciudad es la ubicación de los juzgados, que ocupan una nave alquilada en el polígono Las Salinas a la espera de que se construya la sede definitiva en la zona de La Angelita. El juzgado actual está lejos del casco urbano y los transportes públicos llegan hasta allí con dificultad. Ahora, la gota que ha colmado el vaso ha sido la supresión de los taxis para efectuar las notificaciones.

El lamentable estado de conservación del edificio de los Juzgados en San Fernando pone cara a los graves problemas que acucian a la Justicia en esa ciudad. La necesidad de unas nuevas dependencias, por obsoletas y pequeñas las actuales, no oculta, sin embargo, otras reclamaciones de los profesionales del ámbito judicial como la creación de un cuarto juzgado y de una oficina común de notificaciones y embargos.

Los tres juzgados de primera instancia e instrucción de La Isla tramitaron el año pasado un 60% más de la media de asuntos que fija como tope el Consejo General del Poder Judicial. En los temas penales se sobrepasó el límite de 7.500 -2.500 por cada Sala- y alcanzó la cifra de 9.320. Tampoco se cumplió la media de un juzgado de 380 contenciosos, que casi se duplicó al llegar a los 745. La memoria anual del TSJA recomendaba la creación de un nuevo juzgado, cuestión solicitada desde hace tiempo por funcionarios y profesionales que desempeñan su labor en San Fernando. En sus reclamaciones incluyen, además, los beneficios que supondría el funcionamiento de una oficina de tramitaciones común. Ahora cada juzgado tiene que cumplimentar los trámites y diligencias.

Sería imposible, a pesar de todo, que el actual Palacio de Justicia de la plaza San José albergara estos servicios, puesto que su espacio es reducido incluso para la carga de trabajo que ahora soportan. Sólo hay dos salas de vistas, por lo que los tres juzgados no funcionan a la vez. No hay una habitación específica para los testigos, ni siquiera para las víctimas de malos tratos. Los archivos decoran los pasillos del inmueble y ocupan los bancos existentes. Son instalaciones antiguas, algo que ni siquiera pueden arreglar los trabajos de pintura, el cambio de aire acondicionado o la mejora de los aseos. La solución, que todos piden, es un cambio de ubicación, la construcción de un nuevo edificio, para el que ya hay suelo en San Fernando, en la avenida Constitución -en la zona de Camposoto-, junto a la nueva Comisaría que ya está a punto de abrir.

En Chiclana, los cuatro jueces que en la actualidad conforman la plantilla del Palacio de Justicia tenían previsto secundar hoy la huelga, aunque desde el Decanato del Partido Judicial se aseguraba que se cumplirían los servicios mínimos con creces para no perjudicar a los ciudadanos. Precisamente el perjuicio que se está provocando a los administrados, debido a la precariedad de medios materiales y humanos existente en los juzgados locales, es lo que denuncian los jueces de la ciudad y el principal motivo por el que llevan a cabo este acto de protesta. "Hace un año que se inició este proceso de negociación para mejorar el servicio y hemos ido a peor, ya que tanto las medidas que se han llevado a cabo como las que se han anunciado no son la solución para la grave sobrecarga de trabajo existente en el Partido Judicial", aseguran en el decanato.

Entre los principales problemas que se denuncian en Chiclana está una sobrecarga de trabajo, que se refleja, por ejemplo, en los 1.600 asuntos civiles tramitados en el Juzgado número 2 de la ciudad, frente a los 380 que recomienda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de los módulos en los que se estiman estas cifras para la jurisdicción civil de un órgano mixto como el de Chiclana.

El incremento de juzgados o de jueces es una de las soluciones que se reclaman, con la necesidad de al menos siete órganos frente a los cinco que estarán funcionando en la ciudad a final de año, así como un aumento de las plantillas de funcionarios o la separación de jurisdicciones para desbloquear el colapso de los órganos mixtos.

La supresión de refuerzos o la nueva forma de organizar los desplazamientos de los funcionarios, con la restricción del uso de taxis, son otras causas que han empujado a los jueces a mostrar su indignación por la actual situación y a secundar una huelga que, aseguran, llevan a cabo por el bien de los ciudadanos y por conseguir un mejor y más rápido servicio en la Administración de Justicia. "Una justicia lenta al final no es justa", sostienen.