Mercedes pide una oportunidad para recuperar a su hijo

Mercedes Bayo vive hoy una espera angustiosa. Desde 2019, está alejada de su hijo, del que la Junta de Andalucía le retiró la custodia tras una declaración de desamparo que ha marcado su vida. Desde entonces, años de esfuerzo constante, estudios clínicos continuos y seguimientos terapéuticos marcan su día a día con el anhelo de poder abrazarlo de forma regular. "Mi hijo me dice que quiere estar conmigo, que quiere volver conmigo", confiesa con la voz temblorosa.

Su vida no ha sido sencilla, y Mercedes habla de su pasado con franqueza. Fue diagnosticada con esquizofrenia en 2002, tras episodios psicóticos relacionados con el consumo ocasional de THC. Desde entonces, ha mantenido un seguimiento psiquiátrico regular y un tratamiento constante. Durante el embarazo y los primeros años de crianza de su hijo, enfrentó dificultades de salud y situaciones familiares complejas, que en algún momento requirieron apoyos específicos por discapacidad. Sin embargo, asegura que esas experiencias la han hecho más consciente de sus responsabilidades y más comprometida con el bienestar de su hijo.

El menor nació en Huelva en 2014. Ya en 2015, los servicios sociales municipales comenzaron a intervenir tras detectarse que el bebé presentaba síndrome de abstinencia debido a problemas farmacológicos que, siempre según el relato de Mercedes, se debió al consumo de Valium durante el embarazo por indicación médica. La unidad familiar estaba compuesta por el niño, Mercedes y la abuela materna. En 2019, ante el deterioro de las condiciones y la situación de Mercedes, los servicios municipales solicitaron a la Junta de Andalucía iniciar el procedimiento de desamparo provisional, que culminó con la retirada de la custodia. Hoy, siete años después, la mujer pide una oportunidad.

La situación es complicada. El caso está judicializado y tiene varias derivadas legales. Según el equipo jurídico que lleva su defensa, bajo la dirección letrada de Emilio Medina Delgado junto con Lex Globalis Libertatis, lo que ocurre con Mercedes no es un conflicto familiar ni "un simple desacuerdo" con los servicios sociales. "Estamos ante un bloqueo institucional prolongado, sin objetivos claros ni criterios de evolución medibles, pese a la evidente estabilidad de la madre", explican sus abogados.

Ella insiste en su versión sabiendo que el tema es delicado. Lo hace respaldada por informes clínicos recientes. Aporta documentación favorable que respalda su recuperación y estabilidad. Según un informe de una Unidad de Salud Mental Comunitaria adherida al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, fechado en octubre de 2025, Mercedes se muestra "estable, con discurso coherente, planes de futuro realistas y total autonomía en sus actividades diarias". El informe confirma que mantiene "buena adherencia al tratamiento y que no presenta síntomas psicóticos activos".

Además, la mujer aporta un informe de toxicología realizado en julio de 2025 que arrojó resultado negativo en todas las sustancias estudiadas, reforzando la evidencia de que Mercedes "está en el camino de una vida ordenada y centrada en su recuperación y en el bienestar de su hijo". "No estamos ante una madre que abandona o se desentiende. Es una mujer que lleva años intentando reconstruir su vínculo con su hijo dentro del marco legal, aceptando cualquier medida que se le imponga", asegura el equipo legal.

Porque, siempre según su denuncia, el punto de inflexión en la situación ocurrió el 15 de agosto de 2022, cuando Mercedes interpuso una denuncia por un hecho que consideraba un riesgo para su hijo. Según su relato, esa decisión desencadenó un endurecimiento en las medidas de supervisión. "Se eliminaron avances previos, se restringieron derechos consolidados y no se proporcionó explicación clara ni plan de evolución", explican sus representantes jurídicos. Desde entonces, las visitas de Mercedes quedaron limitadas a sólo una hora supervisada por semana y cinco minutos semanales de llamada telefónica.

"El problema no es sólo la restricción, sino la ausencia de un camino claro", recalcan sus abogados. "Desde hace años se le exige mejorar, cumplir evaluaciones y terapias, pero nunca se le entrega un itinerario verificable ni objetivos medibles", añaden. Para Mercedes, esto ha convertido una medida de protección en un "bloqueo estructural", que afecta directamente al menor al impedir una relación normalizada con su madre.

Actualmente, el niño se encuentra en un centro de menores, mientras que Mercedes mantiene un contacto muy limitado. Según el equipo jurídico, existen procedimientos abiertos tanto por la vía penal como civil, encaminados a devolver al asunto un nivel de control y revisión adecuado y para exigir a la administración un plan de reunificación claro, con criterios objetivos, plazos y seguimiento documentado.

Por su parte, la Junta de Andalucía subraya que en todo momento ha actuado conforme al interés superior del menor, principio rector en materia de protección de la infancia. Desde la administración andaluza insisten en que todas las decisiones adoptadas han respondido al criterio técnico de los profesionales competentes, tras la valoración de los informes sociales y sanitarios pertinentes, y que las medidas aplicadas han estado siempre motivadas en beneficio del menor.

"Mercedes no busca privilegios ni un juicio paralelo en los medios. Lo que pide es justicia, transparencia y humanidad. Que su caso sea revisado con proporcionalidad, motivación real y foco absoluto en el interés del menor", concluyen desde Lex Globalis Libertatis.

A sus 43 años, Mercedes sigue esperando, día tras día, una oportunidad para volver a ser madre de pleno derecho, con la esperanza de que su constancia, estabilidad y amor sean finalmente reconocidos, mientras el caso continúa su recorrido en los tribunales y bajo la supervisión de la Administración.