El antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía Teodoro Montes, testigo clave en la causa de los cursos de formación que instruye la juez Mercedes Alaya, ha reconocido que un juzgado le ha imputado falsedad y suplantación de personas en una acción formativa. En su quinta jornada de declaración como testigo y a preguntas del abogado de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, Montes ha reconocido que está imputado por un juzgado de Coria del Río (Sevilla), han señalado fuentes judiciales.

La imputación por falsedad se concretó pocos meses antes de que el funcionario denunciara en agosto de 2013 ante la Guardia Civil "graves irregularidades" en los cursos formativos. El testigo ha afirmado que no le importa esta imputación porque en realidad le resolvió un problema a tres mujeres que se quejaban de que no podían recibir cursos porque aparecían como receptoras de acciones formativas, con documentos falsos, inasistencia de alumnos y falsificación de firmas, lo que ocurría con varios cursos de unos supermercados andaluces. Ante la evidencia de esas irregularidades, el funcionario recomendó a las mujeres que denunciaran lo ocurrido y su sorpresa fue que, a pesar de solucionarles el problema, al final se vio imputado.

En su declaración de este viernes, el funcionario también ha asegurado que determinados órganos judiciales favorecen a la Junta de Andalucía y mantienen con la Administración autonómica un trato especial. Esta afirmación la hizo al ser preguntado por el hecho de que un juzgado contencioso administrativo no accediera a sus peticiones, tras ganar una sentencia por acoso laboral contra la Junta de Andalucía, y determinara que ya había recuperado sus funciones y sus medios técnicos.

Después de 23 horas declarando ante la juez repartidas en cinco jornadas, el funcionario también ha precisado que después de seis o siete años sin que nadie atendiera sus denuncias acudió al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que dirige Alaya, para explicar las "graves" irregularidades en los cursos de formación. En el juzgado, ha señalado, le instaron a que denunciara lo ocurrido ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde prestó declaración en agosto de 2013 y la amplió una semana más tarde.

Otras fuentes consultadas han mostrado su extrañeza por el hecho de que desde el juzgado de Alaya le remitieran a la UCO, que protagoniza las indagaciones de la instructora en el caso de los ERE y tras lo cual provocó que la juez asumiera el caso, y que no le instaran a presentar su denuncia al juzgado de guardia.

Tras la declaración de este viernes y una vez concluidas las preguntas de la acusación que representa la Junta de Andalucía, muchas de las cuales han sido declaradas impertinentes, está previsto que el próximo lunes continúe el interrogatorio, en esta ocasión de nuevo con cuestiones de la juez, que ya le preguntó en los cuatro días anteriores. Una vez que concluya la magistrada, será el turno de las preguntas que hagan los abogados de los ex consejeros Ángel Ojeda y Antonio Fernández, los únicos imputados en esta causa.