ANDALUCÍA tiene el reto de encontrar respuestas a la exigencia ciudadana de regeneración democrática y revitalización de la vida pública. Es una demanda general de la sociedad española que en Andalucía, ante la evidencia de lo ocurrido en las últimas décadas, se hace imperiosa. Como presidente del Partido Popular en Andalucía estoy empeñado en buscar mecanismos que devuelvan a la política su credibilidad y su verdadero sentido como servicio al interés general y defensa del bien común por encima del beneficio particular. Los ciudadanos demandan que atajemos y eliminemos los vicios que han convertido la política en un problema.

Hace tiempo que son visibles las señales de un deseo colectivo de que los políticos miren a la cara de la gente, estén más cerca de sus problemas, rindan cuentas y cuiden del dinero de todos.

Andalucía necesita un gran pacto por la regeneración política y la transparencia. Más de tres décadas de Gobierno del mismo partido han generado zonas opacas, redes de intereses y descontrol que han degenerado en corrupción.

En la mente de todos están los casos que a la inmensa mayoría nos avergüenzan y que no sólo han supuesto la pérdida de miles de millones de euros sino que han hecho mucho daño a la imagen de Andalucía. No merecemos que día tras día los medios de comunicación vinculen nuestra tierra con irregularidades, fraudes y desvío de los recursos públicos. Tenemos que acabar con ello y para ello es indispensable un Gobierno ejemplar.

La corrupción en Andalucía no es cosa del pasado sino una preocupación del presente. La ampliación esta misma semana del caso de los ERE a las ayudas otorgadas en los años 2011 y 2012 pone en evidencia que poco o nada ha cambiado y que el relevo en el gobierno andaluz no ha abierto una nueva etapa de regeneración política.

La estrategia de mirar para otro lado, intentando que ese aire irrespirable no contamine las aspiraciones personales, socava nuestra democracia, deteriora la imagen de las instituciones y pone en tela de juicio los discursos sobre regeneración. Los actuales gobernantes andaluces han de ser conscientes de que para recuperar la confianza y ser creíbles es imprescindible asumir las responsabilidades políticas, individuales y colectivas, y, sobre todo, perseguir de forma fehaciente y eficaz, con todos los medios al alcance, la recuperación del dinero defraudado.

La ley de transparencia de Andalucía es un paso acertado pero en absoluto colma las aspiraciones de cambio en los comportamientos de los gobernantes y en la relación de éstos con los ciudadanos. Queda pendiente una ley de buen gobierno que implique a la administración autonómica en los procesos de apertura y transparencia.

Esta ley, que debería aprobarse antes de acabar el año, tiene que activar mecanismos para que no se repitan conductas ilícitas derivadas de la impunidad política y el descontrol del dinero público. Debe, además, poner fin a la opacidad en la organización y gestión de la administración, para que sea conocida por los administrados y fiscalizada con facilidad por el Parlamento.

El Partido Popular está trabajando en un proyecto de regeneración ética y política que estamos decididos a sacar adelante y que consideramos prueba de fuego para calibrar si el actual gobierno andaluz y los partidos que lo sostienen tienen verdadera voluntad de cambiar lo mucho que se ha hecho mal en las últimas décadas.

En el ámbito legislativo, considero prioritario la modificación de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y la aprobación de una Ley autonómica de Incentivos y Ayudas Públicas. Se trata de acabar por ley con la arbitrariedad, el trato de favor y la ausencia de control con la que durante años se ha manejado el dinero de los andaluces.

Proponemos también un control presupuestario y financiero más especializado con la creación de un Cuerpo Superior de Interventores y un nuevo Reglamento de la Intervención.

Estamos obligados a incrementar el nivel de exigencia y promover el comportamiento ejemplar de quienes libremente nos dedicamos a la política. La ejemplaridad debe ser, junto a la transparencia, el principio rector de la política andaluza.

Hacer públicas las contrataciones con las administraciones y entes públicos de los miembros de la unidad familiar de los altos cargos, remitir al Parlamento un informe justificativo de la necesidad de mantener cada alto cargo con detalle de las funciones que ejerce y de las retribuciones que percibe, y crear un registro público de Personal Directivo del Sector Público andaluz, son iniciativas que buscan recuperar el respeto y la confianza.

Los ciudadanos reclaman implicación real de las fuerzas políticas en este objetivo de regeneración y quieren, además, que busquemos con seriedad puntos de encuentro para fijar las reglas de juego. Vamos a mirar adelante sin que ello signifique pasar página. La sociedad andaluza puede avanzar mucho y rápidamente en este terreno porque ha demostrado muchas veces su tesón y audacia para afrontar retos colectivos.

Las sociedades que son capaces de articular consensos básicos consiguen ser sociedades de vanguardia. Por el contrario, las sociedades con más corrupción son las que menos posibilidades de progreso y empleo dan a sus ciudadanos.