La sentencia de la Sección Séptima no deja en muy buen lugar a los guardias civiles que investigaron a Eduardo Herrera. En el juicio, ambos lamentaron que el juzgado de Instrucción cerró las diligencias de forma prematura porque tenían más recorrido. Los magistrados lo ven de un modo muy distinto y hablan así de los agentes. “No aportaron datos de interés, de primera mano y que no constituyeran simples opiniones personales o valoraciones subjetivas. Pese a carecer de conocimientos jurídicos administrativos, afirmaron que los expedientes de contratación no se ajustaban a la legislación vigente. Pero no suministraron ninguna información relevante sobre la participación del acusado en la incorporación de los presupuestos falsificados”, explican.

“Si llega un momento en el que los agentes quedan fuera de la investigación cuando se judicializa por el instructor, quien puede optar por nuevas vías, es evidente que las informaciones que de valor puedan aportar se encontrarán fuertemente condicionadas y mediatizadas por su papel en el arranque de la investigación”, prosigue la Sala, para la que “ninguna investigación es aséptica ni imparcial”.

El tribunal cita el “sesgo del investigador”. “Sobre retazos de información primaria, se obtiene una hipótesis inicial y se va haciendo acopio de pruebas para confirmar tal hipótesis y descartando las que no sirvan a efectos de prestarle soporte. Este proceder produce una sobrevaloración de los elementos que apoyan la hipótesis que se investiga y la infravaloración de los elementos que la desvirtúan”, detalla.

En este caso hubo una “macroinvestigación policial” por una “supuesta trama de corrupción en el ámbito de la Federación Española de Fútbol y la RFAF”. Después, el instructor cerró una parte y abrió tres piezas “pese a la cuestionable” condición delictiva “de algunos de los hechos”.