La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la "entrega inmediata" de la totalidad de las declaraciones que están en poder de este cuerpo policial, obedeciendo de esta forma la orden que la semana pasada le dio la Audiencia de Sevilla.

La magistrada ha dictado una providencia, con fecha del pasado martes, en la que explica que, "en cumplimiento de lo acordado por la Audiencia Provincial" en dos autos que resolvieron los recursos de varios abogados defensores -que habían acusado a la juez de ocultar estas declaraciones-, procede requerir a la Guardia Civil para la entrega de dichas declaraciones.

En total se trata de la declaración de 13 personas, entre las que destacan altos cargos de la agencia IDEA, algunos de los cuales están ya imputados en la causa.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla revocó parcialmente el pasado 27 de junio un auto de Alaya de 7 de febrero en el que la instructora aceptó que se entregaran sólo dos de las 15 declaraciones -tres de imputados y 12 de testigos- que habían reclamado, entre toros, la defensa de cuatro ex altos cargos de la Junta: los ex directores de finanzas de Idea Pablo Millán y Juan Vela, y los ex directores generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera.

La Audiencia de Sevilla mostró en ese auto su "extrañeza" por la "contradicción en la que ha incurrido la magistrada", pues en un auto anterior, de noviembre de 2013, había ordenado a la UCO que remitiera precisamente las declaraciones prestadas en esa unidad que está actuando con funciones de Policía Judicial, mientras que en el auto de 7 de febrero Alaya "justifica y santifica la remisión de tan sólo dos de esas 15 declaraciones, bajo el argumento de que su incorporación no es necesaria hasta que se culmine el atestado que la UCO está confeccionando desde el año 2012", precisaba la Audiencia.

Los magistrados se mostraban rotundos al afirmar que no traer al procedimiento esas declaraciones policiales, cuya incorporación ya estaba acordada en otro auto, "no sólo incumple el principio de publicidad de la instrucción para las partes, al no estar declaradas secretas las diligencias de procedencia, sino que también puede conculcar el derecho de defensa de los imputados".

Argumentaba el tribunal que en esta causa tan "prolija" se están investigando, entre otros, la comisión de posibles delitos cometidos pro altos cargos de la Junta y del IFA/IDEA, estando ya imputadas personas que tuvieron cargos de relevante responsabilidad política y administrativa por su posible participación en estos delitos.

El auto de la Audiencia, al que siguió otro en el mismo sentido, añadía que todas las personas que han prestado declaración ante la Guardia Civil han ostentado altos cargos en estos organismos o en consejerías de la Junta, por lo que "el contenido de esas declaraciones prestadas en sede policial pudiera ser de sumo interés para las defensas de los imputados, quienes a partir del conocimiento del contenido de esas declaraciones podrían solicitar la práctica de nuevas diligencias para contrarrestar los posibles indicios que de esas declaraciones pudieran pesar sobre los ya imputados". Y añadía que la falta de incorporación de esas declaraciones "puede conculcar el derecho de defensa que desde la imputación corresponde al denunciado conforme al artículo 118 de la ley de Enjuiciamiento Criminal".

El tribunal explicaba en ese auto que la Policía Judicial está "obligada a seguir las instrucciones", de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en su función de auxilio a estas instituciones.

Una de las defensas llegó incluso a acusar de "inquisitorial" a la juez por mantener la instrucción "a espaldas" de los imputados por no entregar a los abogados todas las declaraciones prestadas en sede policial.