Políticos en las cajas

APARTE de la corrupción de los políticos, que ocupan el número uno indiscutido en la tabla del descrédito, no hay una causa que influya más en la desafección creciente de los españoles hacia su sistema de convivencia que la crisis de los bancos, la rapiña de los banqueros y la burbuja bancaria. Claro que es más fácil dirigir la ira popular a la casta política que a la casta financiera (que no se expone mucho, entre otras cosas).

¿Qué pasa cuando política y actividad financiera van de la mano, como ha ocurrido en el pasado con las cajas de ahorros? Pues que los motivos de cólera e indignación se fusionan y multiplican en paralelo a la colusión de ambos elementos. El proceso de pretendida democratización de las cajas de ahorros devino en un auténtico asalto del poder político autonómico -y sus adláteres municipales y sindicales-, perfectamente ansioso de poner a su servicio a las entidades financieras de sus ámbitos territoriales.

Disponer a su antojo del ahorro generado en el territorio a fin de dotar a la autonomía de un músculo financiero considerable era un caramelo demasiado apetecible como para dejarlo escapar. Digo bien que fue a su antojo: no se limitaron a sugerir a gestores profesionales las grandes líneas de actuación acordes con su política económica. Entraron a saco, hicieron una gestión meramente clientelar y embarcaron a las cajas en alocadas estrategias de expansión, operaciones arriesgadas, inversiones descabelladas en el sector inmobiliario y algunas otras megalomanías de índole puramente cateta y fantasmagórica.

El resultado final lo hemos visto ejemplificado la semana pasada, una vez que el BBVA se ha quedado a precio de saldo con una de estas cajas, Catalunya Banc, lo que significa que el Estado -usted, yo y todos los demás- ha perdido los casi 12.000 millones de euros que tuvo que invertir para salvarla de la quiebra. Esos no volverán. Iba a quebrar, en buena medida, porque sus directivos se lanzaron a crear una empresa inmobiliaria con ochenta filiales dedicada a levantar promociones por todas partes (¡hasta un gran complejo turístico en el Algarve!) y a conceder hipotecas a todos los clientes que los demás bancos y cajas habían rechazado por su alto riesgo. Al mismo tiempo, estos incontrolados se llenaban sus propios bolsillos con bonus, blindajes y planes de pensiones millonarios.

Cuarenta de ellos están imputados por administración desleal. Y más de cuarenta millones de españoles, indignados.