La causa que abriera el entonces juez decano de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, contra exmandatarios de Independientes Portuenses por posibles delitos de cohecho y blanqueo de capitales hace ya algo más de un año, ha acabado salpicando a los hijos del exalcalde portuense, H.D.C..

Según ha podido confirmar este diario de fuentes de toda solvencia, los tres hijos de H.D.C., que tuvo que abandonar la Alcaldía en 2006, después de 15 años de gobierno, tras ser condenado en firme a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación (por nombrar a dedo al responsable de la Policía Local), han acabado siendo formalmente imputados por un posible delito de blanqueo de capitales.

Las diligencias judiciales, que continúan en el Juzgado de Instrucción 3 de El Puerto, y desde principios de este año con otro juez responsable, arrancaron a finales de 2010. Provienen de la investigación inicial, y por separado en varios Juzgados portuenses, de casos en los que tanto el exalcalde como el que fuera su último teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, habrían concedido licencias a viviendas construidas al margen del Plan General por silencio administrativo.

En todos estos casos de viviendas ilegales, los dueños habrían testificado ante los jueces que presentaron proyectos de legalización realizados por personal del estudio Tec de arquitectura, propiedad de la funcionaria municipal y delineante del Servicio de Infraestructuras de Urbanismo Milagros Trigo, a la que habrían otorgado cantidades de dinero, siempre sin recibir a cambio recibo alguno. Unos proyectos que habrían recibido informe favorable del compañero sentimental de éste, el también funcionario municipal Fernando Jiménez Fornell, que en la época investigada, en el mandato municipal comprendido entre 2003 y 2007 ( en los que IP gobernaba en coalición con el PSOE) era jefe de Licencias y jefe de Disciplina Urbanística del área de Urbanismo. A posteriori, los mandatarios municipales habrían legalizado las viviendas por el sistema del silencio administrativo.

Así las cosas, el juez decano ordenó instruir una causa separada, así como una investigación patrimonial tanto del exedil de Urbanismo como de los dos funcionarios municipales. Tras apreciar "indicios importantes" de posible blanqueo, el juez ordenó en marzo de 2010 que fueran detenidos tanto Rodríguez como Jiménez Fornell y su novia Trigo, siendo arrestada igualmente otra arquitecta de dicho estudio, Isabel Ruiz Vázquez. Al mismo tiempo, fue imputada también la mujer del exedil de Urbanismo.

Ruiz Vázquez fue puesta en libertad con cargos al día siguiente, tras abonar una fianza de 3.000 euros. El magistrado ordenó prorrogar la detención de Rodríguez, Fornell y Trigo, para terminar dejándolos en libertad con cargos, acusados de posibles delitos de prevaricación, asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, negociación prohibida a funcionario público y omisión del deber de perseguir delitos, abonando una fianza salomónica.

Y es que la Fiscalía solicitó prisión incondicional para los dos funcionarios, mientras que para Juan Carlos Rodríguez reclamó una fianza de 100.000 euros. El ministerio público razonó sus peticiones en el posible riesgo de ocultación de pruebas por parte de los trabajadores municipales. .

Sin embargo, el juez optó finalmente por establecer una fianza de la misma cuantía para los tres: 30.000 euros.

La continuación de las pesquisas terminó derivando en primera instancia en la imputación de H.D.C., y finalmente, de sus tres hijos.

Las fuentes consultadas por este diario, sin embargo, han querido aclarar que aún "es prematuro" aventurar si los tres hijos del exregidor terminarán siendo procesados o no. Restan aún muchas diligencias por practicar, y no es descartable que finalmente puedan verse, alguno o los tres, excluidos del proceso.

Muchas operaciones policiales se habían sucedido en los últimos años contra el urbanismo ilegal en El Puerto aunque, a simple vista, parecían no tener un nexo común. El punto de inflexión lo marcó la Operación Tequila de la Guardia Civil, en febrero de 2010, en la que, según anunció el propio Cuerpo, se desmanteló una organización dedicada a la especulación urbanística. De modo textual, en nota oficial, la Benemérita señalaba que "ciertos responsables políticos del Ayuntamiento de El Puerto, entre 2004 y 2007, concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las actuaciones serían legales al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter urbano, o aún teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística".

En la operación, tutelada por el Juzgado 1 de El Puerto, fueron en principio imputadas 11 personas. Al frente de esa trama, la Guardia Civil situaba a cuatro personas: a H.D., Rodríguez, y los dos funcionarios, a los que se les sumó luego Ruiz Vázquez.

El modus operandi era el ya citado: Ruiz u otros arquitectos (caso de Arturo Márquez Bailón, también imputado) hacían los proyectos que siempre lograban informes a favor de Fornell y decretos de regularización y/o licencias municipales que rubricaban, otra H., avocándose las competencias, ora Rodríguez.