El Juzgado de lo Penal de Cádiz tiene aún que fijar la fecha para la celebración del juicio por la falta de actuación municipal para evitar la construcción de viviendas en Pinar de Coig, un espacio protegido en las faldas de la Sierra de San Cristóbal. En esta causa, la Fiscalía considera que hay indicios de prevaricación por parte de Hernán Díaz, entonces alcalde, y del ex edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez por lo que solicita dos años de prisión para cada uno así como otros 9 de inhabilitación para el desempeño de cargo público. Mientras, Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular, reclama tres años por este delito y otros dos por otro contra el medio ambiente.

En esta causa había inicialmente otros tres imputados (el ex edil de Urbanismo Pedro Alamillos y los propietarios de la finca donde se edificó) así como una acusación particular (conformada por algunos propietarios de las viviendas). Las diligencias se iniciaron en 2005 en el Juzgado 2, y, tras cinco años de tramitación, se remitieron al Juzgado de lo Penal 4 para que señalara el juicio. Esta sala se inhibió al advertir que el grupo de propietarios acusaba a los dueños de la finca de un delito de estafa, tipificado con penas de prisión de entre uno y seis años, pero los juzgados de lo penal sólo pueden analizar causas con castigos inferiores a cinco, de ahí que el procedimiento se trasladara a la Audiencia el año pasado, cuya sección tercera fijó la celebración del juicio para el pasado enero. Pero, semanas antes de la vista, el grupo de propietarios presentó un escrito retirando su acusación por lo quedaba sin validez la razón por la que la Audiencia había asumido la causa. El expediente volvía al Juzgado de lo Penal, que aún no ha fijado fecha.