EL juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido finalmente inhibirse en la causa que había abierto él mismo para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y los primeros tiempos del régimen franquista dictando un auto de 152 folios en el que declara extinguida la responsabilidad penal de Francisco Franco y de otros cuarenta altos cargos de la dictadura, tras comprobar -como si hiciera falta- el fallecimiento de todos ellos. La Fiscalía General del Estado se había opuesto a la apertura de esta causa general por Garzón y, posteriormente, había planteado al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia una cuestión de competencias. Aunque la Sala no entró aún en el fondo de la cuestión, había adoptado como primera providencia la paralización cautelar de las exhumaciones de fosas comunes ordenadas por el magistrado. Así pues, se ha impuesto la racionalidad, que en este caso venía de parte del ministerio público. Según los criterios del fiscal, ampliamente compartidos en el mundo jurídico, la aplicación a los crímenes del bando franquista de la tipificación de delitos de lesa humanidad o genocidio era inviable por no estar aceptada cuando los hechos se produjeron, los delitos mismos fueron declarados prescritos y, por tanto, no perseguibles, por la Ley de Amnistía de 1977 que abrió paso a la democracia y, en última instancia, si hubiera competencia de algún tribunal sobre ellos, no sería de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados correspondientes a los territorios en que se han detectado las fosas comunes. A esta última consideración se ha acogido ahora Baltasar Garzón al inhibirse en favor de dichos juzgados. Como explicamos en su momento, el legítimo anhelo de muchos españoles de encontrar los restos de sus antepasados víctimas de fusilamientos y proporcionarles una sepultura digna debe ser organizado y facilitado por el Gobierno en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Pretender organizar sobre este derecho una causa general contra el franquismo y, de este modo, hacer una relectura de la historia más trágica de España, con toda su carga de polémica y crispación, era una pésima iniciativa. Garzón ha tenido, al final, que comprenderlo y obrar en consecuencia. Capítulo cerrado.