PARECE que ya no se construirá el edificio del museo de carnaval que estaba previsto y tampoco se edificará en los suelos del antiguo instituto de La Viña, sino que, según el Ayuntamiento, se construirá "otro edificio" y en una parcela de la plaza Guerra Jiménez.

La Junta de Andalucía, que actualmente no tiene dinero para nuevos proyectos, ha tardado más de lo previsible en decir que su aportación al futuro museo sería únicamente la parcela de suelo edificable, es decir, nada (pues nada valía ese suelo antes de su última recalificación). Una verdadera lástima, una magnífica ocasión perdida para poner de manifiesto un cambio de filosofía en la concepción del urbanismo y en la forma de hacer política.

En mi opinión, lo que tendría que haber manifestado la Junta es, rectificando su postura anterior, que no estaba de acuerdo con que se construyera en un espacio que había sido calificado como público, y, en segundo lugar, que tampoco estaba de acuerdo con un proyecto de edificio que, sin relación alguna con la arquitectura del casco histórico de Cádiz ni con el entorno, venía a profundizar en los errores propios de la ya auto-consumida "España del ladrillo". Una etapa plagada de fiebre constructiva, frivolidades arquitectónicas y despilfarro de dinero público, con objetivos político-electorales y la coartada de la arquitectura de vanguardia (que, en Cádiz, tenía toda Puerta Tierra para "experimentar").

Lo que debería que haber hecho la Junta, a mi entender, es ofrecerse al Ayuntamiento para dejar libre como plaza pública los suelos del antiguo IES La Viña y buscar conjuntamente un edificio adecuado para su rehabilitación o para adaptar y equipar uno de los edificios que la ciudad ya tiene rehabilitados y, que se sepa, sin contenidos fijados, sin utilidad definida y, sobre todo, sin previsión de sostenibilidad económica. Como dice en su último ensayo el prestigioso crítico de arquitectura del New York Time, Paul Goldberger, "hay circunstancias hoy en las que creo que el mejor edificio es el que no se construye", pero aquí parece que hay políticos que se terminan creyendo sus propias mentiras y no asumen que la crisis ha venido para quedarse.

Ahora nuestra alcaldesa promete una plaza en los terrenos del antiguo IES La Viña no porque se valore la recuperación de la antigua Plaza de la Reina, por el beneficio que supondría para los vecinos, para aliviar la densidad del urbanismo, para el solaz y el disfrute de un espacio que podría ser como otra Plaza de Mina (como lo fue en su día, con un importante arbolado), sino que se hará una plaza para castigar a la Junta de Andalucía e impedir una supuesta especulación. Cuando fue precisamente el PP el que hizo una modificación del PGOU, aprobado en su día por el PSOE, para poder construir en parte de lo que se había calificado, en su conjunto, como espacio público. Un planteamiento expresado con tal contundencia, en su error, que solo queda ponerle a esa futura plaza el nombre de "plaza del castigo", para que generaciones venideras recuerden como se las gastaba aquella antigua alcaldesa con las administraciones regidas por adversarios políticos.

Pero además, para que no quepa duda de que el error es de fondo, que no se opta por una plaza porque se valoren los espacios públicos en el casco histórico, es que, como alternativa a la frustrada operación del museo, la alcaldesa ahora propone la ocupación de otro espacio público, de otra plaza en cierne, de otro espacio abierto irresponsablemente sin urbanizar desde hace años y que parecía que ahora le tocaría el turno después de la urbanización del entorno del mercado.

La consideración de los espacios públicos por las instituciones es todo un termómetro de la conciencia social y cultural de los gobernantes. Si los espacios públicos, en los que los ciudadanos se reúnen para pasear, charlar, divertirse o manifestarse, no se consideran propiedad del Ayuntamiento sino de los ciudadanos, lo normal es que esos espacios se cuiden, se recuperen, se dejan expeditos, material e ideológicamente, y se amplíen. Los espacios públicos no deberían ser ocupados por instalaciones o pantallas de publicidad política (con la coartada de la información general), ni estar habitualmente ocupados por carpas o casetas. La ocupación de las mesas y veladores de la hostelera debe ser proporcional y, en ningún caso, los espacios públicos se deben ocupar con instalaciones permanentes o edificaciones, torciendo con calificaciones engañosas el correcto sentido de la legislación.

Esperemos que con plaza Guerra Jiménez no tenga que suceder lo que pasó con la plaza de Santa María del Mar, que no tenga que ser la oposición ciudadana la que frene las equivocadas intenciones que ahora se manifiestan desde el Ayuntamiento. Esperemos que lo que ahora se ha dicho sea una reacción precipitada por la frustración y, finalmente, que la plaza Guerra Jiménez termine siendo una plaza tan amplia, pública y bonita como la que el Ayuntamiento ha dejado en Santa María del Mar, con su balaustrada de cristal y el local de hostelería frente al mar y bajo rasante. Aunque la eliminación de la rosa de los vientos en aquella plaza también manifiesta esa falta de valoración por la continuidad de las cosas, impropia de gestores cultos, que impiden que se asienten como señas de identidad de la ciudad, vinculadas con la memoria personal de sus vecinos.