En el mes de abril de 2006 la Junta de Andalucía planteó un deseo: constituir una fundación que asumiese la gestión tanto del Oratorio de San Felipe Neri como de su entorno, todos los archivos relacionados con la Constitución de 1812 y todo el legado producto de los eventos del Bicentenario.

Ocho años más tarde, todo el mundo ha asumido, es evidente, que esta propuesta no salió adelante y que, además, los intentos posteriores de la Junta de crear un frente común en favor de un mejor uso de los equipamientos constitucionales también han resultado fallidos. Sólo en Cádiz capital, la gestión municipal y la de la misma administración regional se salvan del desastre.

Sin embargo, el proceso de constitución de la Fundación llegó a avanzar mucho más de lo que se creía hasta ahora. Ocho años más tarde de este deseo ha trascendido, según los datos obtenidos por este diario, que la Fundación del Bicentenario estuvo a punto de ponerse en marcha y que sólo la salida de Luis Pizarro del gobierno andaluz, curiosamente en otro mes de abril, en este caso de 2011, impidió que el plan saliese adelante de forma definitiva.

Lo cierto es que poco antes se había celebrado en Madrid una reunión al más alto nivel. A la misma acudieron representantes de lo "más selecto" en lo que se refiere a las empresas españolas y también de las administraciones públicas. En total, entre veinte y veinticinco firmas privadas e instituciones públicas que habían dado su visto bueno a esta operación, en un encuentro que estuvo presidido por el secretario de Estado de Iberoamérica.

Entre los participantes se encontraban nombres como los de Telefónica o el Banco Santander, además de los gobiernos del Estado y de Andalucía, entre otros. Unos garantizaban una aportación económica esencial para poner en marcha y mantener el proyecto, y otros ponían sobre la mesa el peso institucional y los contactos políticos que ello suponía. Al igual que otros foros como la Casa de América de Madrid o la Casa Árabe de Córdoba, se consideraba de gran valor el nacimiento de una Fundación centrada en los estudios de las constituciones, tanto de la de 1812 como las posteriores españolas así como la estrecha relación de éstas con las cartas magnas americanas y muchas europeas. Todos estaban de acuerdo en que la Fundación podría convertirse en un referente no solo para el estudio intelectual sino para el diálogo entre las diversas sociedades del mundo.

Los estatutos de esta nueva institución ya se habían debatido y redactados y sólo quedaba la búsqueda de una ubicación física en Cádiz para proceder a su lanzamiento.

El proyecto, sin embargo, acabó chocando por una parte con una cierta incomprensión de la propia sociedad gaditana y, por otra, con las disputas políticas dentro del PSOE, que lideraba la operación, uniendo a todo ello la crisis económica que ya entonces se dejaba notar con gran dureza y, sobre todo, con recortes en las inversiones públicas y privadas, aunque para quienes desde el primer día estuvieron animando esta operación el coste de la misma no era elevado frente al beneficio que iba a obtener el conjunto de la sociedad y, en particular, la ciudad de Cádiz.

Por otra parte, antes de que se hubieran dado avances evidentes en la constitución de esta Fundación, se había caído la sede original de la misma.

Como ya es conocido, el proyecto defendido por los socialistas gaditanos era la de unir el viejo colegio de San Felipe con la sede del Oratorio de San Felipe Neri y el Museo de las Cortes de Cádiz. Se planteaba un macrocomplejo dedicado a la investigación, el debate y la cultura, con un elemento turístico de referencia tanto en el Museo como en el Oratorio. Era un todo con un gran potencial económico para el entorno si se sabía llevar a buen puerto.

Sin embargo, el plan chocó con la negativa de la asociación de padres que entonces controlaba el colegio público de dejar el edificio y trasladar a sus hijos a un centro mejor equipado (al poco comenzaron a salir a la luz los numerosos problemas estructurales del colegio, que aún persisten aunque estos padres y madres ya no están) y con el enfrentamiento interno dentro de la Diócesis de Cádiz, entre quienes estaban dispuestos a la desacralización del Oratorio (opción que sí se debatió dentro de la Iglesia gaditana) y los que se aferraban al carácter religioso del ruinoso templo, que después se salvó gracias a la propia Junta.

Al final la administración regional se quedó sola, apenas apoyada por algunos ciudadanos que aguantaron el desprecio dialéctico de quienes no vieron la importancia de este proyecto. Proyecto que, en esta ubicación, acabó por diluirse.

A partir de ese momento, todo fue dando bandazos. Se habló del Faro de las Libertades dentro de la remodelación integral del castillo de San Sebastián y, también, de la utilización de parte de la sede oficial del Rectorado de la Universidad de Cádiz, plan este último que incluso llegó a presentarse públicamente.

Todo ello acabó por archivarse tras la dimisión de Luis Pizarro en abril de 2011 como consejero de la Junta de Andalucía, y el desmantelamiento de su equipo que entonces gestionaba todo el Bicentenario de la Constitución de 1812. Desde ese momento, aunque siempre se habló de cómo mantener el legado de este evento, la preocupación de quienes estuvieron al frente del Consorcio se centró en cuadrar las cuentas para una programación cada vez más mermada de actos de relevancia.

Tras el despropósito de unos y otros, el legado del Bicentenario, más allá de los inmuebles, se ha quedado reducido al Centro de Interpretación del Constitucionalismo, abierto por la Junta en un edificio anexo al Oratorio.

Este proyecto, sin embargo, no acaba de despegar y convertirse en un referente del Doce después del Doce, hasta el punto que la propia Junta pretende que la gestión del mismo lo asuma una empresa privada.

Pero más allá del funcionamiento de este equipamiento, es la nula conexión de éste con el resto de los inmuebles que, en la misma calle Santa Inés, son referentes del Doce, lo que preocupa a especialistas en el diseño de espacios culturales.

"La realidad es lo contrario de lo que se pretendía. Tenemos a tres instituciones, el Ayuntamiento de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Obispado de Cádiz, que gestionan cada una por su cuenta tres edificios distintos, el Museo de las Cortes, el Centro de Interpretación y el Oratorio de San Felipe, cada una con su horario particular, su personal y con diferentes costes en las entradas. Todo ello es un despropósito tal que para quienes trabajan en este sector resulta increíble", destaca a este diario un experto en planificación cultural.

El proyecto original, ya mencionado, unía a todos estos inmuebles junto al colegio público de San Felipe. Recuperaba patrimonio, modernizaba la forma de exponerlo (especialmente en el Museo de las Cortes) y sobre todo daba una unidad a todo el conjunto en su gestión y en su puesta en valor.

Nada de ello se ha conseguido y el ejemplo más claro de este fracaso se da en la nula relación actual entre el Oratorio y el Centro de Interpretación del Constitucionalismo, que ha provocado una nueva polémica entre el Obispado y la Junta ante la imposibilidad de completar el recorrido del Centro con la proyección que, durante 2012, se hacía en el interior del templo. Ahora la Iglesia pide la propiedad de estos equipos de técnicos y los derechos de emisión para reanudar la proyección.

"El propio Centro de Interpretación, tan reducido en espacio como el que funciona en Cádiz, no tiene razón de ser si no está directamente conectado con el Oratorio, con sus mismos horarios y los mismos costes de entrada. Antes de mantenerlo por separado lo lógico sería cerrarlo", se destaca a la vez que se lamenta la postura actual de la Diócesis, en contraste con la estrecha relación que tenía durante el obispado de Antonio Ceballos, "quien tenía claro que el edificio era un templo pero también un espacio histórico y cultural", lo que permitió sacar adelante un proyecto de restauración modélico y plantear una proyección (de elevado coste) muy respetuosa con el espacio religioso.

Junto a todo ello se une el gran esfuerzo que realizó el Consorcio del Bicentenario en la digitalización de unos 30.000 documentos relacionados con el Doce y procedentes de numerosos archivos públicos y privados, entre los que destacan los del Congreso de los Diputados y el archivo diocesano. Este trabajo ha quedado en todo caso incompleto por cuanto no lo realizaron documentalistas lo que dificulta su búsqueda, lo que al final provoca que este legado tan valioso de la historia tampoco se esté aprovechando de la forma adecuada.