El pasado verano la figura del vigilante se convirtió en una parte más del paisaje de las playas de Cádiz. En la provincia la Junta de Andalucía contrató a un total de 686 personas para garantizar el cumplimiento de las medidas para evitar nuevos contagios de la Covid-19, destinando para ello algo más de 1,3 millones de euros. 

Sin embargo, el Gobierno andaluz no prevé repetir este verano este tipo de contrataciones al considerar, en palabras del portavoz del Ejecutivo de Juanma Moreno, Elías Bendodo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que "la ciudadanía se ha concienciado de la realidad de lo que supone protegernos y cumplir las normas". 

Este plan fue una de las medidas estrella de la Junta durante la temporada turística del verano pasado, ya que invirtió 35 millones en la contratación de 3.000 vigilantes de playa en toda Andalucía. Este personal tenía como misión controlar el aforo de las playas e informar sobre las medidas de seguridad y la necesidad de guardar las distancias. 

La figura del vigilante de la playa generó cierta polémica desde su concepción hasta su asignación, al seleccionar al personal a través de una oferta pública de sólo 24 horas tras anunciar que se haría a través de la bolsa única. Los nuevos auxiliares de playa prestaban además colaboración a los voluntarios de Protección Civil, pero sin asumir las funciones que ellos ya tienen encomendadas, que van mucho más allá de la prevención de la extensión de la pandemia